Décimo Aniversario: Serie especial de columnas
Diez voces ciudadanas comparten sus reflexiones sobre Agenda Ciudadana como movimiento social y como proyecto de país.
Esta serie de columnas celebra las alianzas y planes concertados durante los pasados diez años de trabajo y los logros alcanzados hacia un país mas democrático, justo y solidario. Además, reseña algunos retos culturales y políticos en el contexto de la presente crisis fiscal y de democracia, así como propuestas para atenderlos de manera concertada.
Por Félix López Román
martes, 18 de julio de 2017
Reducir la crisis fiscal a un asunto exclusivamente económico puede crear el efecto de asumir que la esfera económica está aislada del resto del entramado social. Más aún, esto podría suponer que la esfera económica es de carácter supra-social y que, por tanto, toda acción queda supeditada a la racionalidad del mercado. Ese entendido podría ocultar otras fracturas que están asociados a la llamada crisis fiscal. Por ejemplo, la crisis fiscal puede ser vista desde el quiebre de una ideología que sustenta un modelo económico que, a partir de la década de los setenta, ha privilegiado al sector privado a costa del desmantelamiento del sector público. Sin embargo, en una especie de homeopatía económica, se intenta curar al enfermo con lo mismo que causó su enfermedad. Así, se nos recomienda volver a aplicar medidas de austeridad para resucitar a ese modelo económico, iniciador de crisis fiscales, y que opera desde la deuda, la financiación y la especulación.
Desde ese panorama, el gobierno, que otrora fuera el garante de lo público, queda confinado a actuar desde las premisas del capital financiero. La crisis fiscal no es sólo una descripción sintomática de una condición momentánea, sino que es también un dispositivo de gobierno que obliga a que toda política pública esté centrada en la deuda y no ya en la voluntad general o en el proyecto colectivo de un pueblo. De ahí, como plantean algunos autores, la democracia haya sido sustituida por una deudocracia quiebrocracia. Es decir, una forma de gobierno que tiene como referente al mercado financiero y no el fortalecimiento de la dimensión pública de nuestra vida social. Lo público, administrado por el gobierno, era aquello que no podía ser apropiado por el interés particular. El hecho de que, por ejemplo, la UPR no haya sido declarada servicio esencial implica que, para el gobierno, lo esencial ya no es lo público.
Frente a esto, varios sectores han reclamado un movimiento alternativo por un proyecto que restablezca lo común como principio fundamental de toda gestión política. Desde Europa el movimiento Diem25, liderado por Varoufakis y Zizek, ha creado el primer partido político transnacional y paneuropeo para la democratización de la Unión Europea y en los próximos meses se celebrará en Quito, Ecuador la Conferencia Democracia y Sociedad Civil en América Latina y el Caribe. Esto quiere decir que la experiencia de lo democrático y la defensa de lo común se encuentran amenazados en distintos niveles y se gestan, a nivel global, proyectos para su defensa. En Puerto Rico durante los últimos años han surgido grupos y organizaciones que han generado proyectos para rescatar la importancia de esa dimensión pública.
El proyecto Agenda Ciudadana, que celebra sus 10 años, ha sido uno de esos proyectos que han apostado por lo común. Algunos pensarán, desde una lectura simplista que dicho proyecto le pertenece a un sector, pero quienes han participado de las actividades de Agenda Ciudadana saben que dicho proyecto es, más que todo, un espacio para ensayar formas alternas de la experiencia democrática. Sobrepasando la cultura del debate, han utilizado la herramienta del diálogo deliberativo para sentar en una misma mesa a los diferentes, no para homogenizarlos ni para consensuarlos, sino para mantener viva la tensión constitutiva de lo común y del demos. Desde ese ejercicio, de accionar la diferencia, han generado proyectos que, quizás, hoy hubiesen servido de barrera a los planes de austeridad fiscal propuestos. Ejemplos son el Sistema de Salud Universal, el Plan Decenal de Educación, el Plan de Uso de Terrenos y el Bosque Modelo. No son proyectos de Agenda Ciudadana, son proyectos de ciudadanos que han reconocido la reorientación de los partidos tradicionales y han buscado otros espacios para gestar lo común.
Proyectos como Agenda Ciudadana y otros que van surgiendo a nivel local y global, van indicando un camino alternativo que le hace frente a la precarización que nos ordena la austeridad. Sigamos esas pistas de proyectos que gestan lo común; allí se pueden encontrar los quiebres de nuestra condición actual.
Agenda para ordenar a Puerto Rico
Por: Luis García Pelatti
jueves, 20 de julio de 2017
Al llegar a la Junta de Panificación sabía que estaba pendiente completar el Plan de Uso de Terrenos. Conocía de la existencia de Agenda Ciudadana, una organización sin fines de lucro, cuya razón de ser, era canalizar y dar dirección a la frustración de los ciudadanos ante la inacción de los políticos y los jefes de agencia de turno. En ese momento me tocaba presidir la junta.
No solo sentía el peso de la responsabilidad de cumplir con lo establecido por la Ley Orgánica de la Junta de Planificación, sino que tenía el peso de hacer cumplir uno de los seis proyectos de país que Agenda Ciudadana había recogido a lo largo de sus diálogos, acuerdos, colaboraciones y alianzas. Puerto Rico necesitaba un Plan de Uso de Terrenos que permitiese reducir los tiempos y costos en los trámites de permisos, conservar nuestros recursos naturales y agrícolas y fomentar un desarrollo ordenado.
Pero el plan tenía varios retos. Nunca se había elaborado uno que mirara a Puerto Rico como un todo. El proyecto era responsabilidad de la Junta de Planificación desde la primera Ley de Planificación de 1942, pero no se acababa de completar, a pesar de esfuerzos parciales a través de los años. Mientras, la sociedad civil, los partidos políticos y casi la totalidad de las organizaciones profesionales, lo habían reclamado para hacer de Puerto Rico un país más competitivo.
Para lograrlo era necesario establecer un proceso donde la sociedad participara activamente e hiciera suyo el plan. Es aquí donde los intereses de la Junta de Planificación y de Agenda Ciudadana se unieron para lograr que Puerto Rico tuviera por primera vez un Plan de Uso de Terrenos (2015) mediante un proceso participativo más amplio y multidimensional en la planificación puertorriqueña.
La aprobación de ese plan ha sido el reto más grande de mi vida profesional. Tuvo más enemigos de los que pensé, la mayoría sotto voce. Los puedo resumir en dos. Los primeros no querían desarrollo ordenado, pues ellos habían sido exitosos en el desorden y pedían: “no me toques”. Los segundos reclamaban que debía ser perfecto y, por consenso, exigían: “no estamos listos”, “mejor esperar”, “no es el momento”.
El Plan se aprobó y fija las guías para el desarrollo ordenado. Establece qué cosas son posibles en un área pero no en otra; clasifica todos los terrenos en urbanos, urbanizables y rústicos, basado en criterios claros y definidos, controlando el desparramamiento urbano, protegiendo los terrenos agrícolas y ecológicos. Igualmente importante, evita que los nuevos desarrollos se aprueben en áreas identificadas a riesgos de inundaciones, deslizamientos de terrenos o cualquier otro riesgo que ponga en peligro la vida y propiedad.
Este proyecto fue un gran esfuerzo de muchos. Pero sin la firmeza y perseverancia de Agenda Ciudadana recordándonos que Puerto Rico necesitaba un Plan de Uso de Terrenos, éste se hubiese convertido en uno de esos tantos proyectos de ley u orden ejecutiva, con posibilidad de impactar positivamente el país, pero que al final se quedan solo en papel.
Agenda Ciudadana, con su metodología de trabajo, nos ha enseñado que el país necesita tomar decisiones producto del diálogo, que es la discusión entre dos o más personas que manifiestan sus ideas y buscan la avenencia. Además, nos revela que lo que necesitamos no es consenso sino concertación, que es cuando buscamos traer a identidad de fines o propósitos la diversidad de pensamiento y acciones, entiéndase producir resultados.
Mi agradecimiento y felicitación para Agenda Ciudadana, tal vez la organización más importante y original que produjo la crisis económica que nos recuerda la cita de James Baldwin: “no todo lo que se afronta puede cambiarse, pero nada puede cambiar hasta que se afronta”.
Los planes torcidos del país
Por: José B. Márquez
sábado, 22 de julio de 2017
“El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros”.
-Jorge Luis Borges (‘El jardín de los senderos que se bifurcan’)
En los pasados 10 años la Fundación Agenda Ciudadana ha fungido como una gran narradora y ejecutora de rutas alternas de política pública. Sirviéndose de la metodología del diálogo sostenido y la concertación social, la organización ha sentado a la mesa a múltiples sectores para trazar soluciones a las principales problemáticas del país. De esas mesas de diálogo han surgido planes estratégicos en las áreas de economía, seguridad, familia, salud, educación, entre otros. El desarrollo de esos planes multisectoriales de por sí representa un logro sin precedentes, pues de ordinario cada sector se limita a promulgar aquello que le conviene a su gremio, no necesariamente a un proyecto de país sostenible y equitativo.
Una de las propuestas más emblemáticas que surgió en las mesas de diálogo de Agenda Ciudadana fue el Plan Decenal de Educación. Con éste se vislumbró una política pública a largo plazo que permitiría despartidizar y descentralizar el sistema educativo del país. Esto se lograría mediante un proceso de amplia participación ciudadana a través del cual surgirían los lineamientos principales de la política educativa que regiría en el país por un período de 10 años. De esta manera, se evitarían los vaivenes político-partidistas que cada cuatro años impiden que los programas gubernamentales progresen y maduren.
Aunque atractiva en teoría, la propuesta presentaba múltiples retos políticos y legales. Entre estos últimos, resulta que un principio constitucional básico establece que una legislatura no puede obligar a otra. Esto quiere decir que lo que apruebe la legislatura actual no vincula a una legislatura posterior que interese alterar la política pública vigente al momento de asumir el poder. Cualquier pretensión de vincular a una legislatura futura se denomina un entrenchment legislativo y, como norma general, se presumirá inválido.
Durante mis estudios de Derecho realicé una investigación extensa de este tema junto a mi colega Alvin Padilla Babilonia. Luego de estudiar a fondo las bases constitucionales de esta prohibición, argumentamos que la única forma de vincular válidamente a una legislatura futura sería mediante un método legislativo conocido como symmetric entrenchment. A grandes rasgos, esto implicaría que la legislatura que apruebe determinada política pública, en vez de vincular a legislaturas futuras al contenido de la ley aprobada, las vincule al método a través de la cual la aprobó.
A nuestro modo de ver, esto solo podía lograrse si se establecía que un proyecto de ley como el del Plan Decenal de Educación, luego de aprobado por la Asamblea Legislativa y firmado por el gobernador, fuera ratificado en referéndum. Este requisito a su vez se impondría en el proyecto como condición necesaria para enmendar o derogar el plan posteriormente, lo que implicaría que a una administración gubernamental no le bastaría el respaldo legislativo y ejecutivo para revertir la política pública establecida, sino que también requeriría el respaldo ciudadano de un referéndum.
Las bases constitucionales y jurisprudenciales se detallan en el artículo que publicamos en la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico y que tuvo el honor de ser premiado por el Colegio de Abogados como Obra Jurídica del Año (http://revistajuridica.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/05/84-Rev.-Jur.-247.pdf.). No obstante, el planteamiento de fondo es que una legislatura debería estar vinculada a una ley previa si esta última goza de una jerarquía superior por haber sido aprobada a través de un procedimiento más democrático que el ordinario. De este modo, razonamos que el symmetric entrenchment por referéndum podría revestir de esa mayor jerarquía democrática una política pública como la del Plan de Decenal de Educación.
Hoy por hoy, el Plan Decenal de Educación es un extraordinario proyecto de ley engavetado en el Capitolio y nuestra humilde propuesta metodológica es una extensa publicación académica relegada en los estantes de bibliotecas jurídicas. Como tantos otros planes atractivos provenientes de la sociedad civil, representan rutas paralelas de política pública sin explorar. Mientras pasa el tiempo resulta más apremiante aún bifurcar el rumbo del país hacia senderos más alentadores y consecuentes, como los que estas propuestas pretendían encaminar.
Por: José M. Encarnación
martes, 25 de julio de 2017
La educación ciudadana es una de las cuentas pendientes de la agenda social de Puerto Rico. Ningún país tiene posibilidades reales de adelantar sus aspiraciones sin encauzar una cultura educadora centrada en el desarrollo de la inteligencia social de su gente. Ante el frágil estado de nuestro contrato social y el imaginario de una regeneración, preocupa el lugar de la educación pública como fuente de cohesión social.
La primera preocupación es el cierre de planteles escolares en centenares de comunidades desventajadas. Eso sumado a la práctica de reducir tiempo lectivo para el aprendizaje de los Estudios Sociales, única clase centrada en el desarrollo socioemocional de los niños(as). En un contexto de competencia cívica para la democracia, ¿cómo pretender mejorar al país sin ofrecer a los pequeñines suficientes experiencias para que alcancen conciencia ciudadana y de interdependencia, así como desarrollo personal y ético político, que les prepare para servir a sus comunidades?
La segunda preocupación es la planificada descapitalización de la Universidad de Puerto Rico (UPR), una amenaza a la sostenibilidad social del pueblo. Las universidades a menudo se visualizan como espacios elitistas, desvinculados de la gente y sus necesidades. Ese no es el caso de la UPR. La presencia regional de sus once recintos ofrece justicia geográfica que, además de acceso poblacional, valida una política fiscal distributiva. Así, el presupuesto público se democratiza beneficiando a decenas de comunidades puertorriqueñas y generando actividad económica que redunda en movilidad social desde las periferias. Eso explica cómo la UPR lideró el surgimiento de la clase media puertorriqueña al nutrir generaciones de jóvenes con una actitud intelectual y profesional competente y desafiante frente a los problemas humanos.
Ahí la importancia de las alianzas. Unida al tercer sector y a otras entidades, la Universidad combate el enajenante asistencialismo, indicador de fracaso para los gobiernos del mundo. Es desde la unión que se pueden gestar caminos de cambio y por eso la Universidad está convocada a mantenerse proactiva y solidaria. Decía el Padre Pedro hace un tiempo “…no podemos sentarnos a animar el país”. Las alianzas han demostrado brindar a la gente el conocimiento y las herramientas sociales que elevan su poder de gestión. Por eso proponemos una agenda social que requiere mantener el liderato de la Universidad en el desarrollo de educación ciudadana y de alianzas comunitarias:
1. Reforzar la educación pública, asegurando amplio acceso educativo desde niveles primarios hasta la universidad y trascendiendo los criterios cuantitativos como determinantes de éxito.
2. Reorientar el currículo escolar a partir de un componente sólido de educación ciudadana que responda a un marco filosófico consistente con nuestra realidad como nación caribeña que se abre al mundo.
3. Vigorizar los programas de preparaciónde maestros concentrando en el dominio del contenido de las materias, en investigación educativa, servicio comunitario, educación popular, así como perspectiva transdisciplinaria y multicultural.
4. Desarrollar un modelo de educación ciudadana vinculante a una economía solidaria, ecológicamente viable, que aporte sustentabilidad energética, a la soberanía alimentaria y al comercio justo.
5. Planificar sistemáticamente la revitalización de la institución familiar, orientándola a una ética de responsabilidad social para “aprender a convivir”.
6. Reconstruir el modelo de salud pública focalizado en servicio al ciudadano desde una perspectiva educadora, holística, preventiva y de derechos humanos.
7. Promover alianzas universitarias y escolares con las comunidades, el tercer sector, las cooperativas y la industria a través de proyectos de innovación social, investigación y empresarismo que sirvan de taller de formación para docentes, estudiantes y para la sociedad civil.
La educación es un imperativo de todo afán democrático y es prioridad en la ambiciosa agenda ciudadana para Puerto Rico. Es momento de emprender hacia la regeneración social. Hagámoslo unidos, en alianza por lo común, es nuestro deber ciudadano.
Por: José Luis Castro Borrero
jueves, 27 de julio de 2017
Invertir en el pleno desarrollo de la niñez es un modelo de desarrollo económico, un sistema sustentable de salud, un modelo de cuidado y protección del ambiente, un sistema de promoción de cultura de paz y un sistema de prevención de desórdenes mentales, entre otros sistemas sustentables y permanentes.
Pero, ¿cuánto realmente invertimos en la niñez para lograr ese sistema sustentable y permanente? Según un análisis realizado por Fondos Unidos de Puerto Rico, en 2012 la inversión del Gobierno de Puerto Rico para la educación de la niñez fue de $7 mil por niño; mientras que el gasto del gobierno destinado para la corrección y rehabilitación de adultos convictos por delitos fue de $64 mil por confinado. Gastamos nueve veces más en la corrección que en la educación de los que llamamos el futuro del país. Al confrontarnos con estas cifras no podemos olvidar las palabras del psiquiatra estadounidense Karl A. Menninger cuando dijo “Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”.
Para vivir en un país próspero, seguro, con personas saludables, educadas; en el que hombres y mujeres puedan asumir las riendas con convicción de lo que es correcto y que logren autosuficiencia personal y económica, debemos tener en los niños y niñas, el principal sistema de inversión del país. Un niño educado será un profesional; una niña saludable no dependerá de los sistemas de salud gubernamental; un niño que valora el trabajo será un buen empleado; un niño que conoce y maneja sus emociones será un mediador de conflictos. Por otro lado un niño no saludable podría convertirse en una carga para el país y una niña no educada podría terminar dependiendo de los sistemas de beneficencia pública.
Dice el Dr. James Heckman, Premio Nobel en Economía en el año 2000, que la inversión en programas especiales de educación para niños de entornos desfavorecidos tiene un retorno de inversión de entre 7 y 10% al año. En otras palabras, invertir en la educación de un niño o niña, se convertirá en un ahorro de 10% para el gobierno en un futuro no muy lejano.
Si el argumento es tan claro e inequívoco, ¿por qué el país no se mueve en esa dirección? Esa ha sido la tarea que Fondos Unidos de Puerto Rico le encomendó a la Fundación Agenda Ciudadana en 2014. Unir los saberes e ideas de académicos, profesionales de la salud y la educación con proveedores de servicios, funcionarios de gobierno, líderes religiosos y comunitarios, entre otros, para articular una agenda compartida que nos mueva como país en términos de visión, política pública y servicios en beneficio de la niñez en edad temprana. Buscar puntos de encuentro, donde lo que nos une nos acerque a la meta y que sea la punta de lanza del bienestar de la familia y la sociedad.
Durante estos años de caminar juntos, este ejército de hombres y mujeres han concluido seis propuestas y 14 planes de acción multisectorial sobre hacia dónde dirigirnos.
Ya hemos dado los primeros pasos, ahora seguimos caminando hacia esas metas comunes, uniendo las voluntades de toda aquella persona que quiere un Puerto Rico próspero con ciudadanos saludables, educados y aprestados para la vida y la prosperidad.
Por: Gabriel Rodríguez
sábado, 29 de julio de 2017
A diario escuchamos que para salir de la crisis “necesitamos un plan de desarrollo”. Los planificadores, sin embargo, estamos conscientes de que “tener un plan” no es un evento mágico. Además, todos conocemos de planes malos, del pasado y del presente, que nos destruirían si se implementan, como los viejos planes de desarrollo minero.
El actual Plan PNP y la “austeridad” impuesta por la Junta de Control van por el camino de ese grupo de muy malos “planes de desarrollo”. Nos llevan a una “recuperación fiscal” como la de Detroit, donde ya los poderes financieros vuelven a ser felices y suben las “estadísticas de la prosperidad”, pero más del 60 % de los niños viven bajo niveles de pobreza.
La idea de “tener un plan de desarrollo” es orientar la toma de decisiones. Resulta esencial, entonces, hablar sobre qué visión de país definirá nuestra ruta y orientará nuestros planes de desarrollo socioeconómico. Mientras no los concertemos todos, serán los intereses pequeños y egoístas, con acceso al poder, quienes definirán la visión de esa ruta. Esa ha sido y es la verdadera raíz de la crisis general que enfrenta la colonia. No puede haber un divorcio, entre los más altos valores y anhelos de este pueblo, y los “planes de desarrollo” que se adopten.
De ahí la importancia del diálogo sostenido, entre la mayor diversidad posible de entes multisectoriales, motivados por un sentido patriótico. Esto permitirá trascender intereses y visiones sectoriales, para concertar una visión común que integre y redefina los valores del colectivo social. Con la visión como guía, surgirá un verdadero plan de ruta para potenciarnos.
Esta es la dinámica de diálogo multisectorial que, durante ya más de una década, se gesta en diversidad de foros ciudadanos, simposios y otras actividades. Es por el trabajo y persistencia de varias entidades, especialmente Agenda Ciudadana, que se ampliaron las convocatorias al diálogo, logrando sentar a la mesa sectores que históricamente se percibían como antagónicos o enemigos. Esta etapa crucial se viabilizó bajo una iniciativa multipartidista que buscaba acordar un plan de desarrollo basado en los frutos de un diálogo multisectorial. La convocatoria incluyó los grupos empresariales “tradicionales” y además representantes de sectores laborales, ambientalistas, profesionales, sociales y otros. En grupos de trabajo se logró acordar un lenguaje común, transectorial y no excluyente, para articular unos valores y aspiraciones comunes. De ahí se pudieron concertar unos principios estratégicos y cinco ejes a promover para lograr un desarrollo económico sostenible y solidario, que beneficiaran a todo el país y propulsaran la felicidad de sus habitantes. Esta iniciativa pasó a llamarse Juntos por Puerto Rico.
Los ejes estratégicos que en interacción promoverán ese desarrollo son: economía del visitante; exportación siglo 21; iniciativas propietarias en ciencias y tecnología; economía solidaria; sostenibilidad ambiental y adaptación climática. Todos los sectores económicos “tradicionales”, como la agricultura, la construcción, la manufactura, entre otros, se podrían transformar al redefinirse bajo estos cinco ejes. Enfocarnos en estos ejes nos llevará a ser actores importantes en la economía mundial, para beneficio del país y de la comunidad internacional.
La propuesta de Juntos por Puerto Rico representa así una importante aportación de plan de ruta hacia un verdadero plan de desarrollo nacional, no obstante que su ámbito sea el estrictamente económico, pues reconoce otros ámbitos de concertación necesaria, en las áreas de salud, educación, gobernanza y seguridad, todas en función de una visión común
Luego de esta rica dinámica, Juntos por Puerto Rico se encuentra de momento rehén de las dinámicas partidistas y pequeñas agendas, pero sigue disponible como herramienta a ser reactivada y potenciada. Hay un plan de ruta que seguir trabajando, hacia un Puerto Rico próspero, sostenible, solidario y feliz. Retomémoslo.
Por: Luis Cedeño Rodríguez
martes, 1 de agosto de 2017
En vista del panorama que tiene nuestro país por delante, nos urge asegurar que la ciudadanía se mantenga organizada y ágil; fiscalizando y exigiendo rendición de cuentas de quienes ocupan el poder; reclamando el acceso a información veraz y entendible; dialogando y articulando propuestas; defendiendo nuestros servicios esenciales. En fin, resistiendo lo anti-democrático.
Para ello, nos toca como ciudadanía, más que nunca, apostar a fortalecer las competencias ciudadanas; asumirnos como sujetos políticos con la capacidad de reclamar, organizar e incidir en la toma de decisiones que nos atañen. Eso implica defender las estructuras y los espacios que nos permiten formarnos, organizarnos y practicar la democracia ante un sistema “representativo” que dificulta y obstaculiza lo horizontal y participativo a cada vuelta. Implica también rescatar los espacios de disensión –evaluar minuciosamente nuestros medios de comunicación y exigir de ellos un lugar para expresar el sentir del pueblo, las preocupaciones de la ciudadanía.
La prensa escrita, del mismo modo que el resto de los medios de comunicación, debe reflejar la realidad de los ciudadanos de Puerto Rico ante la etapa de resistencia en que se adentra el país. Su capacidad de reflejar e influenciar la opinión pública la hace formidable para el ejercicio de una democracia plenamente participativa y la hace digna de ser examinada de cerca. Esta coyuntura nos exige que salvaguardemos la democracia en todos los espacios y grupos.
Durante el pasado verano tuve la oportunidad de realizar un internado auspiciado por la organización Mentes Puertorriqueñas en Acción, en la Fundación Agenda Ciudadana. Como parte del internado estudié y apliqué activamente conceptos relacionados a la democracia participativa. También, y como parte de mi jornada, llevé a cabo, junto a otro compañero interno, un análisis discursivo de la línea editorial de El Nuevo Día del año 2007 al 2016.
La investigación se centró en identificar patrones en el discurso en torno a conceptos de democracia participativa, participación ciudadana y sus respectivos principios rectores, en una selección de editoriales sobre temas de política pública, educación, salud y familia. Los hallazgos reflejan nueve años de avances considerables en la visión de democracia, aunque con mucho trabajo por hacer. Una mirada retrospectiva, desde el contexto coyuntural que vive Puerto Rico, a merced de una crisis fiscal sin precedentes y la batería de medidas de austeridad que le ha acompañado, revela a su vez mucho sobre lo que ha acontecido en el país y lo que nos resta por hacer en miras a un Puerto Rico plenamente democrático.
Por: Miguel Feliciano Binet
jueves, 3 de agosto de 2017
Los discursos tradicionales que se dirigen a la población joven suelen referirse a los conceptos de transición y de inserción de una etapa a la próxima. La alta competitividad -que sabemos que hay en la calle- nos ha llevado a trabajar en bloques de generaciones, a medirnos, ser un recurso más, ya sea humano, ciudadano, consumidor o como queramos categorizar según dicte el contexto. En tiempos de mayor estabilidad económica y que no se utiliza la palabra “crisis” en el vocablo popular, asumimos que la sociedad en la que vivimos es algo a proteger y preservar porque, a fin de cuentas, es algo que funciona. En el 2017 la mayoría de los puertorriqueños siente que el país no funciona, lo que ha ocasionado que muchos, entre ellos decenas de miles de jóvenes, piensen que las cosas no van a funcionar y terminen emigrando a Estados Unidos.
En el plano político, considero que muchos de nuestros conflictos a nivel de consciencia y sentido moral se desprenden de cómo no reconocemos las diferencias en los sentidos de pertenencia de esta patria de cada ciudadano en la práctica. En Puerto Rico es muy difícil ser ciudadano puertorriqueño y sostener un argumento sin ser acosado de llevar agendas políticas. Pero, reconociendo el fuerte poder que trabaja para que la democracia sea cuestión de representación y no de participación directa, nos obliga a hablar del tema.
Me atrevo a apostar que los jóvenes, más que los otros grupos de edad están muy conscientes de la constante decadencia de la sociedad puertorriqueña. La tradición y el folclor que heredamos cada día lo celebramos, cada vez, con sonrisas más forzadas. La emigración masiva poco tiene que ver con oportunidades, sino con la desesperanza. Las dos franquicias políticas que controlan las opciones electorales se pelean por los grados de autonomía que debe existir entre Puerto Rico y Estados Unidos y, generalmente, lo traducen a la ciudadanía con la promesa de la tierra prometida. La pasada generación tuvo sus días de gloria, cuando la industrialización abrió paso a un crecimiento sin precedentes en la economía basada en el servicio, el turismo y la instrucción pública, por decir algunos.
Reconstruir, construir, re-imaginar o crear el Puerto Rico que todos queremos vivir es una propuesta arriesgada que nos concierne y trasciende a todos. Más allá de nuestros pequeños universos de identidades individuales y colectivas, hay retos serios y poco tiempo para conceptualizar previo a la acción. La transición y la inserción a la sociedad que hemos heredado tocará ser uno de esos operativos tipo “friendo y comiendo”. En este sentido, somos jóvenes que queremos construir una nueva sociedad en la que quepa la diversidad que connota el ser y pertenecer a esta Isla. Los jóvenes, en el sentido biológico, estamos aquí y ahora absorbiendo mensajes, manejando tecnología y recursos que superan las mejores intenciones de quienes intentan mantener a pie nuestras decadentes instituciones, basándose en supuestos ideológicos o políticos.
Tengo 29 años, soy uno de los más de 700 mil jóvenes entre 18 a 34 años que vive en Puerto Rico. Estudio en la universidad pública de este territorio. Aprovecho este espacio, que puede parecer escrita externamente, como decir desde una pos-puertorriqueñidad, porque son palabras de un investigador del Observatorio Ciudadano Somos el Ahora. La iniciativa surgió por petición nuestra (la de cientos de jóvenes inconformes y creativos) a la Fundación Agenda Ciudadana. Desde ese espacio, queremos motivar a otros jóvenes a hacer una mirada crítica de la política pública que se discute y se aprueba diariamente en nuestro país; en especial los temas que afectan a nuestra población, en esa etapa de consolidación como ciudadanos adultos.
Por: María de Lourdes Lara Hernández
viernes, 4 de agosto de 2017
No habrá prosperidad con tanta pobreza. Los índices de nuestro país ubican a casi la mitad de nuestra sociedad sin capacidad de aportar al desarrollo de riqueza.
No ser un país próspero aumenta los índices de violencia, ignorancia y corrupción. Todos estos índices hacen menos viable lograr un proyecto nacional para salir de todas las crisis que vivimos. Esto no se resuelve con dádivas.
Podríamos, por ejemplo, duplicar o triplicar la filantropía y crear miles de organizaciones para atender a todos los que sufren y estos índices no bajarían mucho. No se puede delegar la tarea de resolver la violencia institucionalizada, producto de la desigualdad social, económica y política en cientos de organizaciones que tratan todos los días de salvar miles de vidas, con un sacrificio heroico. Se trata de un problema estructural. Todos somos responsables; no podemos dejarlos solos y hacernos de la vista larga.
La violencia de la pobre salud, la violencia de la contaminación de las comunidades, la violencia expresada en el maltrato a la niñez, a jóvenes presos y desempleados; la violencia de género; la que vemos en la xenofobia, la homofobia; la violencia del secuestro de la educación pública; la violencia de todos los días en el tapón de horas y la pérdida trágica de productividad, presos de la dependencia crónica y la depresión.
En muchas de estas violencias somos los primeros del hemisferio americano. ¿Cómo llegamos a este estado de situación? ¿Cómo enfrentamos, individual y colectivamente el reto de reducir o eliminar estos índices?
Piensan muchos, que vivir en un país de tanta miseria es normal. Creen otros que llegamos a esto porque somos más brutos, o más chiquitos o sin recursos. Políticos y analistas creen que esto se arregla con un cambio del status. Mágicamente, seremos más democráticos, más civilizados, más equitativos, solidarios. Nuestras ancestrales diferencias lograrán acuerdos para una economía próspera y una educación de primera. ¡Falso! No es tan simple que un cambio jurídico cambie las actitudes de un pueblo.
Puerto Rico enfrenta una situación muy compleja, muy avinagrada y naturalizada. Necesitamos reconocerlo para iniciar una ruta contra la violencia. Reconocer, por ejemplo, que sufrimos de un déficit democrático muy agudo: sólo uno de cada 10 ciudadanos puede nombrar un derecho humano o civil.
Reconocer que el modelo político-económico contradice su propio discurso: porque el poder no emana del pueblo si no está educado y capacitado para tomar decisiones informadas y porque el neoliberalismo no garantiza una economía próspera y sostenible. Por el contrario, se reducen posibilidades para más del 90% de sus habitantes. Tal como lo tenemos diseñado, se han agudizado las quiebras, el desempleo y la productividad.
Necesitamos nuevas rutas, atrevernos a visualizar un país que reduce o hasta elimina sus índices de violencia, con modelos que adapten las mejores prácticas de países prósperos y civilizados. Debemos educarnos para construir nuestra democracia: conocer y respetar derechos humanos y civiles y garantizar empleo pleno, salud y educación midiendo la movilidad social y la felicidad.
No es una quimera; no es un privilegio de sangre. Es la propuesta de todas las naciones que deciden hacerlo, se juntan, diseñan y se mueven en esa ruta. Desde Agenda Ciudadana hemos dialogado y nos hemos movido hacia esas prácticas. Hemos caminado, pero necesitamos que muchos más decidan caminar en otra dirección. Podemos hacerlo índice a índice y empezar por aumentar las competencias ciudadanas: esas destrezas de pensamiento, de relaciones, de estima propia, de acciones de desarrollo democrático que propician la colaboración y la responsabilidad compartida. A diez años de iniciada la ruta, invitamos a seguir andando.
Por: Neyra Toledo Osorio
sábado, 5 de agosto de 2017
La democracia no surge de manera espontánea. Hoy día conceptos como el diálogo, la deliberación, la concertación social, la colaboración, las competencias ciudadanas, el co-gobierno, la participación, la innovación, la transectorialidad, entre muchos otros, parecieran ser de uso común en muchos sectores de la sociedad. No así hace 10 años. Me parece que este ha sido uno de los mayores logros de la Agenda Ciudadana. El impacto de este modelo ha permeado el discurso colectivo y ha calado en las prácticas de distintos sectores en nuestro país.
No cabe duda que la acción ciudadana perspicaz, colaborativa y concertada es una necesidad urgente y un recurso imprescindible para enfrentar los retos que presenta la dramática crisis democrática, económica y social por la cual atraviesa nuestro Puerto Rico. Todavía hay mucho camino por recorrer y contamos con una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que apuestan al diálogo, la inclusión y la acción concertada y solidaria como elementos esenciales de una sociedad verdaderamente democrática para levantar a Puerto Rico.
Llevar a cabo un amplio proceso de activación y movilización ciudadana transectorial supone la integración de diversas instancias de participación y capacitación que integran innovadores modelos teórico-prácticos para poner en función la democracia. De ahí a que Agenda Ciudadana evolucionara desde la voz individual de los foros civiles, a las mesas de diálogo transectorial, cumbres de rendición de cuentas, mesas de trabajo de la ciudadanía, proyectos de país y estrategias nacionales.
Con mirada vanguardista e innovadora, la fundación invirtió en incrementar el capital social de Puerto Rico con la implementación del programa nacional de capacitación de líderes en competencias ciudadanas y metodologías de avanzada como el diálogo deliberativo, el diálogo sostenido y teoría U. Conocimientos utilizados y probados internacionalmente en su eficacia de generar profundas transformaciones sociales.
Central a ese modelo fue la invitación a todos los sectores del país a pensar la política y verse a sí mismos desde la construcción de relaciones colaborativas en vez del escenario tradicional de la competencia por el poder basado en la coerción, el control y los intereses individualistas. A ver la política pública del País como un proceso de intercambio de relaciones colaborativas dirigidas a crear el balance entre intereses para garantizar el bien común desde la propuesta, la oportunidad, y no desde la carencia.
En el centro de este modelo se encuentra cada ciudadano y ciudadana dentro y fuera de la isla. Te encuentras tú, querido lector, me encuentro yo desde la diáspora en Carolina del Norte y se encuentran las cientos de personas de cada grupo o sector que han participado en alguna etapa de este movimiento y las que continuarán participando en esta gran encomienda por la democracia en nuestro país. Este movimiento, no sólo marca el comienzo de la fundación como institución, sino que comienza a implementar un nuevo modelo de activa participación ciudadana transectorial. Un ejército de soñadores… ¡Por la próxima década!
Por: Jesús Garay A. Garay
miércoles, 9 de agosto de 2017
El U.S. Green Building Council-Capítulo de Puerto Rico forma parte de Agenda Ciudadana desde sus inicios, pero nuestra participación se tornó más activa desde que se creó el proyecto de “Juntos por Puerto Rico”, en el que lideramos el eje de “Sostenibilidad Ambiental y Adaptación Climática” como motor de desarrollo económico sostenible para Puerto Rico, en el cual enlazamos la energía con la economía y la ecología.
No podemos hablar de desarrollo sostenible, ni de prosperidad económica, ni de salud ambiental, ni de resiliencia climática, ni de calidad de vida, ni de competitividad global, si primero no hablamos de energía. La energía es un tópico de enorme relevancia para la actividad humana, ya que permite el desarrollo de la vida en la tierra y sostiene la actividad económica.
La energía, por definición, es la capacidad de producir algún tipo de trabajo o poner algo en movimiento. Definición, que, de manera notable, precisa lo que necesita Puerto Rico: poner en movimiento su capacidad para producir trabajo. Debemos poner a trabajar hoy a nuestra gente en la construcción de la infraestructura energética del futuro y liberarnos de las constricciones energéticas del pasado.
Para lograr un desarrollo socioeconómico sostenible, prosperidad económica, resiliencia climática y salud ambiental, tenemos que reconocer el vínculo inexorable entre la energía, la economía y la ecología. Nuestro sistema energético define nuestro sistema económico y nuestro sistema económico impacta a nuestro sistema ecológico.
Lamentablemente, nuestro sistema económico está basado en un irracional e insostenible supuesto de que nuestro sistema energético, basado en la quema contaminante de combustibles fósiles, es inagotable e irreemplazable.
La primera ley de termodinámica dicta, de manera simple, que la materia ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Esto implica que toda producción económica requiere la transformación de materia prima provista por nuestro único y finito planeta. Esta condición limitante restringe irrevocablemente nuestra capacidad de crecimiento y el tamaño físico de nuestra economía.
La segunda ley de la termodinámica le impone una restricción más severa aún a la disponibilidad de los recursos naturales. Esta segunda ley, conocida como Entropía, nos enseña que la disolución del orden natural de las cosas siempre aumenta. En otras palabras, la naturaleza tiende al desorden.
En términos económicos, esto quiere decir que las cosas se rompen, se gastan y hay que eventualmente reemplazarlas. Esto hace que su utilidad disminuya con el pasar del tiempo y que su propio proceso productivo aumente el desorden. Una derivación de esta ley es que es imposible hacer trabajo sin energía y que la energía no se puede reciclar.
La única fuente sostenible de energía baja en entropía es el sol. Por consiguiente, un sistema económico sostenible no puede convertir materia prima en productos y luego desecharlos como desperdicios en un tiempo menor al que le toma a los flujos energéticos del sol reponer ese orden perdido en el proceso. La complejidad que han alcanzado los ecosistemas y las relaciones entre estos, a través de una evolución milenaria, son una respuesta a la necesidad de capturar energía solar y crecer su orden orgánico y estructural.
En fin, en la medida que degradamos los ecosistemas, reducimos la capacidad de la energía solar para reponer el orden perdido. La supervivencia humana requiere ecosistemas saludables capaces de convertir la energía solar y la materia prima disponible en servicios y productos ecológicos esenciales.
En el Concilio de Edificios Verdes, Capítulo de Puerto Rico, llevamos más de 10 años promoviendo la transformación de nuestras comunidades mediante el diseño, la construcción y el mantenimiento de edificios ambiental y socialmente responsables, lucrativos y saludables para vivir, aprender y trabajar.
Únete y celebra con nosotros el 10mo aniversario de Agenda Ciudadana. Aprende y aporta a un balance vigoroso y dinámico entre el bienestar social, la salud ambiental y el desarrollo económico.
Ayúdanos a convertir nuestras comunidades en unas sustentables y socialmente justas, donde se respeten a todos los miembros y existan oportunidades para todos por igual.
Queremos edificios y comunidades que regeneren y sustenten la salud y la vitalidad de todos los seres vivos en el lapso de una generación. Esa es nuestra misión. Después de todo, de que te vale tener una casa bonita o un edificio eficiente si no tienes un planeta donde colocarlos.