Por: Edelberto Torres Rivas

Cualesquiera que hayan sido los vaivenes históricos en esa dirección, hoy día no hay ninguna duda que la finalidad esencial, constitutiva, del Estado es el asegurar el bienestar a todas las personas que forman la Nación; y si ello no es posible, a las grandes mayorías. Cuando se dice «todos» se está relevando el hecho que toda sociedad es heterogénea, lo que traducido al lenguaje común se entiende como que toda sociedad tiene en su interior profundas desigualdades y diferencias, ricos y pobres, rurales y urbanos, y en algunos países centroamericanos, diferencias étnico-culturales.

Esta definición del Estado como garantía de integración social y bien común no es puesta en duda por nadie, cualquiera que sea su ideología. Se diferenciaban los instrumentos para alcanzar el deseado bienestar entre opciones dicotómicas como: la política o la economía, el Estado o el Mercado, la acción racional del hombre, o la de las fuerzas naturales de la sociedad. Pero acabamos de pasar por una época en que se enfatizaron menos las políticas públicas y más las capacidades del mercado como garantía última de la repartición de los bienes y la riqueza producida.

El movimiento renovador en el ámbito de la política ha enfatizado la noción de que el bienestar que tanto se busca solo puede asegurarlo el Estado democrático. Sumar la categoría «democracia» a la de «Estado», es decir adjetivarlo, ha significado no sólo un cambio semántico o nomológico sino renovar el pensamiento político al enfatizar que no es cualquier Estado sino solo el que es democrático el que se constituye en el mayor garante de la cohesión social. Y un poder democrático supone un Estado fuerte, promotor. La idea dominante durante los últimos dos decenios del siglo pasado fue de que el achicamiento del Estado era una condición necesaria para el desarrollo e indispensable para resolver el problema de la deuda. Eso ya pertenece al pasado. Se decía que «achicar el Estado es agrandar la Nación». Como amargamente lo sabemos, no fue así.

La dicotomía Estado – Mercado fue durante un tiempo una fuente de polarización ideológica, ya que en nuestra región, atrasada en muchos aspectos, se han entendido como criterios excluyentes de organización social. El problema radica hoy día en la necesidad de que el Estado sea democrático, y para ello, que una estructura legítima y eficaz. Si el objetivo político de la democracia es mejorar el bienestar, el Estado es el instrumento de acción colectiva para alcanzar esos objetivos. El debate sobre el tamaño del aparato estatal toma así otra dirección práctica, pues allí entra, por ejemplo, el número de funcionarios, el monto del gasto público, cuáles son hoy día las funciones primarias, etcétera. Por lo tanto hay que distinguir tres aspectos analíticos que tienden a confundirse: dimensiones, funciones y capacidades.

La propuesta hoy día predominante, o como quiera decirse, es la del Estado democrático cuya función esencial es la distribución más justa de la riqueza que se produce, mediante políticas públicas aplicadas en esa dirección, por un cuerpo técnico de gran eficacia que dispone de recursos financieros suficientes. Todo este conjunto de rasgos analíticos requiere lo que se llama un Estado Fuerte, por contraposición al Estado o poder débil o raquítico, como han sido la mayor de las veces en casi todos los Estados centroamericanos.

Se sabe que el poder se encuentra también muy mal repartido en la sociedad, y que los más poderosos tienen más poder, mas influencia y así están mejor situados para aprovechar la distribución de bienes y servicios. Esto no necesita argumentarse. La noción de Estado democrático introduce la posibilidad de alterar esa relación en la que los agentes privados parecieran ser omnipotentes. ¿Es una relación fatal menos poder porque se tiene menos riqueza, o viceversa? ¿Cómo asegurar de alguna manera cuotas de igualdad relativa?

Esto sólo puede ser capaz de lograrlo un poder político con buen apoyo electoral (legítimo), que haga muy bien las cosas (eficaz y eficiente), porque así quiere hacerlo (democrático). Es por ello por lo que se le llama Estado fuerte. La conjunción de sistemas democráticos con Estados débiles constituye una anomalía de la historia. El eminente historiador norteamericano Charles Tilly ha dicho que «con frecuencia, ha habido en la historia Estados débiles, pero hasta épocas recientes estos Estados raramente se han democratizado». El ejemplo de esta situación controversial lo tenemos en cuatro de los países centroamericanos, que tienen todavía Estados débiles y han logrado establecer sistemas democráticos. Esa ‘coexistencia’ no puede durar mucho, pues la pobreza y alta desigualdad de la mayor parte de los ciudadanos no fortalece las instituciones y las prácticas democráticas.

Es bueno subrayar esa idea: poco Estado para enfrentar los desafíos de la desigualdad conduce a la pregunta fatal que tiene un tiempo histórico: ¿Cuánta pobreza aguanta la actual vida democrática en Centroamérica? Se trata de un inmenso desafío que habrá que resolver en algún momento inmediato, considerando que el reto implica una reestructuración del conjunto de la vida social haciendo que los pocos que son poderosos entiendan que más Estado significa mejor Mercado y que la democracia es una condición mejor para el desarrollo; y que el desarrollo se asegura más, es mejor si es para más, para todos.

*Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en su Lente fiscal centroamericano, en el siguiente enlace: http://www.icefi.org/categories/16?clas=4&detail=257 Plaza Pública lo reproduce con su autorización.