Concertación social y gobernabilidad democrática

La actual coyuntura social, política y económica amerita reflexionar sobre la restauración de la credibilidad de los organismos públicos y la gestión gubernamental en Puerto Rico. Ya es hora, es tiempo.

Es hora de hablar de la necesidad y beneficios de impulsar nuevos modelos de democracia donde la participación ciudadana sea efectiva y protagónica de la gestión pública. Si algo queda en la memoria colectiva sobre la administración saliente es el rechazo a la participación ciudadana, en todas sus manifestaciones y como elemento necesario de la gestión gubernamental.

Lo vimos y vivimos en la continua aprobación de legislación sin vistas públicas, la creación de la Ley 7, la reforma al sistema de permisos y evaluación de proyectos de gran impacto ambiental, como el gasoducto y la actual propuesta de un incinerador en Arecibo, entre otras.

Para que el gobierno sea exitoso debe guiar las instituciones del País por el bien común. Desde hace años se desarrollan trabajos en el área de educación, salud, familia, ambiente, empleo, economía desde la ciudadanía y distintos sectores sociales. En cada actividad han participado representantes de empresas, gobierno, agricultores y de la comunidad en general, en un intento por promover agendas de consenso y establecer relaciones de colaboración, diálogo y equidad.

Proyectos como Cumbre Social, organización sin fines de lucro que surge del sector sindical, cooperativismo y comunidades, y Agenda Ciudadana, llevan años gestionando espacios de concertación social e iniciativas para la participación ciudadana sustantiva. El trabajo de Cumbre Social y Agenda Ciudadana, entre otras iniciativas cónsonas, ha permitido visibilizar la insatisfacción ciudadana ante la imposición de soluciones unilaterales a los problemas del País por parte de los partidos. El diálogo es fundamental para construir un mejor país y Puerto Rico por su caudal intelectual tiene la capacidad de superar los retos que experimenta.

Asimismo, fuimos testigos de que las alianzas de distintos sectores sociales y el poder ciudadano -no el económico- fueron los grandes catalíticos de los procesos políticos más recientes, reemplazando los espacios tradicionales del quehacer político en Puerto Rico. De igual forma, algunos han afirmado que existe un claro debilitamiento del apoyo ciudadano a los partidos mayoritarios, que junto a la coyuntura económica que nos encontramos, crean un escenario fértil para procesos de mayor concertación social con objeto de atender juntos los problemas del País.

La pobreza y la desigualdad son fenómenos multidimensionales y ello requiere la adopción de medidas intersectoriales en el ámbito público. Desde sus inicios, la Cumbre Social logró convocar a representantes de todos los sectores sociales, políticos, religiosos, sindicatos, empresas, organizaciones sin fines de lucro y académicos, en diálogos sin precedentes. El objetivo, promover un plan de país donde cada sector participe del diseño y toma de decisiones.

En mayo pasado se iniciaron diálogos sociales dirigidos a discutir estrategias para fortalecer la participación ciudadana y la gobernanza en Puerto Rico. Allí se citaron a 180 personas representando alrededor de 90 organizaciones de los sectores público y privado y discutieron la necesidad de movernos a modelos de democracia directa.

Expertos y académicos discutieron que en el modelo de democracia representativa, se eligen representantes por mayoría y después estos cobran autonomía de sus electores. En cambio, en la democracia participativa, la ciudadanía se asocia y organiza de tal modo que pueda ejercer una influencia directa en las decisiones políticas, mediante referéndum, plebiscitos y procesos de consulta.

Así, ante el terrible escenario fiscal que presentan los municipios, desde la Cumbre Social se han iniciado diálogos para promover presupuestos municipales participativos como instrumentos de política pública y a través de los cuales las autoridades gubernamentales, así como organizaciones de la población debidamente representadas, pueden definir en conjunto cómo y a qué se van a orientar los recursos de que dispone una instancia gubernamental.

14 de diciembre de 2012
EVA PRADOS RODRÍGUEZ