Diálogo Transectorial sobre Seguridad – 20 de agosto de 2010
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Seguridad 2010 DIÁLOGO TRANSECTORIAL
Diálogo Transectorial de Seguridad
El Diálogo Transectorial de Seguridad sostenido el viernes, 20 de agosto de 2010 enfatizó en la prevención y en el desarrollo de una cultura de paz
El Diálogo adoptó como principio rector el que se propicie una cultura política de respeto a las diferencias y a la pluralidad de posiciones y sectores que componen la sociedad puertorriqueña. (END/ Wanda Liz Vega)
UN PUERTO RICO EN PAZ ES POSIBLE
Vivimos en un país cada vez más violento. Las raíces de esa violencia -a todos los niveles desde la familiar hasta la institucional- son muchas. Van desde la desigualdad social a la dependencia económica y de la desintegración familiar a la poca tolerancia social.
Las estadísticas son más que elocuentes. Al concluir esta década, en Puerto Rico habrán asesinado a casi 9,000 personas, en su gran mayoría jóvenes de 18 y 24 años. Es decir que al cabo de 10 años hemos aniquilado el equivalente de la población de municipios como Vieques o Maricao, o al triple de la población de Culebra.
Somos el octavo país de mayor índice de policías (estatales y municipales) por habitante en el mundo – 597 por cada 100,000 habitantes – pero ocupamos uno de los primeros lugares en los índices de asesinatos de nuestra región.
Si volcamos nuestra mirada a los miles de querellas de abuso infantil o de violencia contra la mujer, nos damos cuenta de que algo anda mal, muy mal.
En esta cuarta entrega de Diálogo Transectorial, Agenda Ciudadana se ocupa del tema de seguridad y lo aborda desde la óptica amplia e integral con la cual por años nuestros ciudadanos han reclamado que se atienda esta situación.
Fue una jornada intensa y productiva. El propósito fue claro: proponer una revisión de las políticas públicas actuales que dependen de prácticas punitivas y de exclusión social.
Pedimos algo básico: un país y una sociedad seguros. No podemos claudicar ante una aspiración tan fundamental y tan necesaria. Aspiramos a una sociedad que se rija por el respeto a las diferencias y la aceptación de las mismas. Un país que no victimice al más débil.
Pedimos por un país que se rija por un Estado de Derecho que sea respetado por los ciudadanos y que se de a respetar porque es libre de las ataduras del compromiso político partidista y de la corrupción.
Estado y ciudadanos tenemos que replantearnos nuestra postura con respecto a la violencia generalizada de nuestros días. El Estado como facilitador de una discusión amplia sobre los valores que representan a un país seguro, entre los que figuran el respeto a la vida, el derecho a una educación, a un sistema de salud y a un empleo.
Hay recomendaciones específicas aquí como la creación de un Consejo Transectorial sobre la violencia como organismo rector de las políticas del Estado constituido por expertos y ciudadanos que garantice una aproximación integral y ciudadana al fenómeno de la violencia.
Existe mucha investigación académica y profesional sobre las distintas manifestaciones de la violencia en Puerto Rico. Existe un consenso, gracias al trabajo de cientos de investigadores sociales y médicos, de que la violencia en Puerto Rico es un tema de salud pública, no un tema que le pertenece estrictamente al ámbito de lo criminal.
Debemos pues asumir nuestro futuro. Ciudadanos deben responsabilizarse de construir un país seguro desde sus instancias y el Estado debe abrirse a reexaminar sus políticas y a evolucionar hacia un modelo de participación ciudadana, de construcción de justicia social y de inclusividad.
Porque un Puerto Rico en paz sí es posible.
Luis Alberto Ferré Rangel
Director
El Nuevo Día
Soluciones para convivir en paz
Antecedentes
El impacto del crimen y la violencia generalizada se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes para todos los sectores del país. Su impacto tiene que ver con el creciente desempleo, la pobreza, la ausencia o reducción de servicios esenciales como la salud y la educación en el país, así como una pobre inversión en estrategias de prevención. Un editorial de El Nuevo Día resume los resultados de las discusiones ciudadanas y de expertos y expertas en el tema de seguridad:
“Puerto Rico se encamina este año a repetir -o superar- las cifras de asesinatos de los años 1993 y 1994, la manifestación más contundente de que las políticas anticrimen siguen sin atender las verdaderas causas socioeconómicas de la violencia y la criminalidad. En lo que va de 2010, se han registrado en el País más de 600 asesinatos, una cifra muy cercana al promedio de 613 que se informó para el mismo período en 1994, cuando se estableció el récord de 995 de estas fatalidades. El número actual representa más de 50 muertes por encima de igual periodo del año pasado, que terminó con 894.
La mayoría de los asesinatos, según las investigaciones policiales, están vinculados a las drogas y, en una tendencia cada vez más dramática, se cometen con armas de fuego.
Durante la política de ‘mano dura’ contra el crimen, que rigió entre 1993 y 2000, murieron asesinadas en el País 6,345 personas, y los asesinatos fueron la primera causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 29 años de edad, según estadísticas de la criminóloga Dora Nevares, publicadas en su libro ‘El crimen en Puerto Rico’. El narcotráfico figura prominentemente como causal de tanta pérdida de vidas.
El supuesto fin de la política de la ‘mano dura’ y su eventual reemplazo en el 2005 por la de ‘castigo seguro’ no detuvo la orgía de sangre. Entre el 2001 y el 2008 murieron asesinadas 6,151 personas, apenas 194 menos que en los ocho años anteriores.
Los jóvenes que crecieron durante la ‘mano dura’ son ahora adolescentes y jóvenes adultos. Estos hijos de la mano dura se inician a edades anteriores y son más activos en delincuencia que la generación que le precedió”, afirma la doctora Nevares.
Para atajar el problema de seguridad que existe en Puerto Rico hay que ir a su raíz, atender la desigualdad social y los males que se esconden tras el aumento en las conductas violentas y delictivas.
Coincidían así los expertos en la necesidad de una participación activa de la ciudadanía en la prevención del delito, una posición de consenso en el área específica de seguridad resultante de la Agenda Ciudadana elaborada como iniciativa de El Nuevo Día con el respaldo de la Corporación de Apoyo a Programas Educativos y Comunitarios (Capedcom).
La pobreza, el desempleo, el maltrato y el abandono de menores, la violencia machista, la deserción escolar, la incapacidad del Estado para mantener un sistema educativo estable y la profundización de las desigualdades y la marginación social, son en sí manifestaciones de la violencia estructural e institucional; y figuran entre los principales detonantes del crimen.
Las autoridades, con la participación ciudadana, tienen que abrazar un plan estratégico a largo plazo, pero con acciones concretas en el camino, para contrarrestar la desigualdad y enfrentar la adicción y la violencia con una visión salubrista”. (El Nuevo Día, 15 de agosto 2010)
El Nuevo Día y Capedcom, en seguimiento al cumplimiento de las propuestas ciudadanas y el análisis presentados por los pasados tres años, convocó al Cuarto Diálogo Transectorial de Seguridad bajo el título Estrategias concertadas para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia.
Esta cuarta publicación que presentamos al País pretende compartir el resumen de los trabajos realizados en este diálogo; esta vez dedicado al tema Seguridad, celebrado el 20 de agosto de 2010 en la Universidad del Sagrado Corazón. Este proyecto es una iniciativa de El Nuevo Día, con la colaboración de Capedcom, Inc. y Telemundo Canal 2 con los objetivos que desglosamos a continuación.
Objetivos
1. Diseñar transectorialmente un proyecto inclusivo y concertado para Puerto Rico que proponga acciones estratégicas y efectivas que garanticen la seguridad de las poblaciones vulnerables y los espacios públicos y comunitarios.
2. Fortalecer políticas claras que guíen a las agencias y demás sectores en la evaluación de estas acciones y estrategias en el área de seguridad.
3. Activar y legitimar la participación ciudadana y el resto de los sectores a asumir responsabilidad por la seguridad del país a todos los niveles.
4. Fortalecer el diálogo deliberativo como metodología para promover la Democracia Participativa.
Dialogo deliberativo
Se utilizó la propuesta metodológica conocida como Diálogo Deliberativo para promover la participación democrática, promover la reflexión, activar la creación de soluciones a problemas complejos, fortalecer el respeto a las diferencias y desarrollar destrezas de manejo de situaciones que están en conflicto. En el Diálogo Deliberativo, los grupos analizan los puntos a favor de una propuesta y los puntos limitantes de una o varias de las propuestas presentadas. La meta es lograr acuerdos para la acción que sean inclusivos y representan los intereses de todos los afectados y afectadas.
Para este evento, Capedcom, Inc. diseñó y facilitó dos diálogos transectoriales al que fueron invitados representantes del Gobierno, la empresa privada, la academia, el sector sin fines de lucro, y ciudadanos representantes de los Foros Ciudadanos. Luego se integraron los consensos de las mesas en dos plenarias con la meta de levantar estrategias y acuerdos transectoriales para la acción de todos los grupos participantes. (www.capedcom.org).
RESULTADOS
Principios rectores y asuntos medulares consensuados
I. Definición de un país seguro consensuado por los lectores
Un país a seguro es el que ofrece una buena calidad de vida a sus ciudadanos/as y no ciudadanos/as (quienes residen en el mismo) fundamentada en el respeto a las diferencias, que se rige por un Estado de derecho justo, fomente el acceso a una educación integral, a la justicia, a la economía y a la recreación y en el que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse cabalmente y de participar en la toma de decisiones en igualdad de condiciones.
Un país seguro recupera su gobernabilidad a través de procesos participativos e inclusivos que atiendan las necesidades de quienes aquí residan ofreciendo: servicios públicos de calidad (educación, salud, transporte), que se fundamente en los derechos humanos, en la ética y en la protección del ambiente natural y social (urbano) con apoyo a los grupos vulnerables.
Un país seguro adopta una política pública de avanzada con oportunidades socioeconómicas para todos los sectores valorando la diversidad. Es un país donde se escucha a todos los sectores y se les toma en consideración en la discusión de los asuntos que les afecten y que fomente la participación de las comunidades en la definición de sus necesidades y su solución.
II. Indicadores que describen u operacionalizan un país seguro:
1. Cultura política y urbana de respeto a las diferencias y a la pluralidad de posiciones y sectores que componen nuestra sociedad.
2. El País y su gobierno se rigen por un Estado de Derecho justo al que obedecen y respetan.
3. Posibilita que exista y se creen las condiciones para una vida digna para quienes residen.
4. Se promueve la convivencia, respeto, prevención e igualdad entre todas las personas.
5. La participación ciudadana es proactiva y crítica.
6. Provee y protege el acceso igual a la educación y servicios de salud integral, incluida la salud mental.
7. La población se siente libre de amenazas externas o internas. Se observa menos ansiedad en las personas y más gente en la calle. Pleno disfrute de los espacios públicos sin temor de ser intervenidos por personas o por la Policía.
8. Tiene confianza en sus instituciones que garantizan la equidad y acceso a los recursos.
9. El gobierno invierte recursos para la prevención como prioridad sobre las estrategias punitivas o reactivas.
10. El sistema de educación promueve la formación en la ética, valorando el respeto por las diferencias y la diversidad.
11. Se garantiza la independencia en la Rama Judicial en el nombramiento de jueces y juezas.
12. Se promueven los Consejos comunitarios o de seguridad vecinal en todas las localidades. La población cuida y protege su vecindario.
13. Se promueve la protección de personas o poblaciones vulnerables como la niñez, personas de edad avanzada, pacientes de salud mental y personas sin hogar.
14. Se promueven campañas educativas para disuadir el consumo de alcohol y sustancias controladas y para disuadir el que se conduzca bajo los efectos de estas sustancias.
PROPUESTAS PRESENTADAS
A. Propuesta general
1. Ampliar la lectura (o los entendidos) de lo que es seguridad, promover una cultura de respeto a las diferencias y una participación ciudadana crítica dentro de una nueva visión (paradigma) de lo que es el problema de la seguridad y de la violencia. Esto se logra a través de una revisión de las políticas públicas que descansan en prácticas de exclusión, particularmente en sectores de vulnerabilidad social.
2. Promover el establecimiento por etapas de políticas salubristas, como la medicación, para la habilitación de las personas con adicciones y descriminalizarlas.
3. Elevar los niveles de discusión de los medios sobre el tema de la violencia y de la seguridad.
4. Promover la mediación y las alternativas no confrontativas en la búsqueda de la justicia.
5. Integrar la participación de todos los sectores de la sociedad en la atención de los asuntos de seguridad del país y abordarlos desde una estrategia transectorial.
6. Implantar sistemas de medición de efectividad y rendición de cuentas sobre las propuestas y políticas de seguridad que se implanten que incluyan medidas correctivas.
B. Propuestas y acciones específicas
1. Promover un esfuerzo transectorial de cultura política y de respeto a la igualdad de todas las personas.
ACCIONES: Promover una campaña mediática concertada e instancias de integración por parte de las universidades, sistema de educación público y privado, gobierno central y municipal, sector empresarial/económico, sin fines de lucro, religiosos y medios de comunicación sobre la importancia del respeto a la diversidad.
Iniciar una revisión curricular en las escuelas que incluya destrezas y espacios para el diálogo. Insertar en los currículos escolares, instancias y definiciones operacionales (indicadores) para que el estudiantado pueda identificar prácticas de seguridad.
2. Promover una participación ciudadana crítica que descanse en una nueva visión (paradigma) de lo que es el problema de la seguridad y de la violencia que incluya la violencia estructural e institucional.
ACCIONES: Promover talleres permanentes y transectoriales de discusión, como los organizados por el esfuerzo de Agenda Ciudadana para ampliar los entendidos de lo que es seguridad y de la violencia. Establecer un plan de seguimiento por un tiempo definido.
3. Integración de la Policía con los consejos vecinales y organizaciones comunitarias en las que se pueda recoger, atender y compartir las necesidades y prioridades de la comunidad. Este diálogo permitirá que la comunidad pueda contribuir al trabajo de la Policía, compartir la responsabilidad para generar espacios más seguros y promover un cambio en las visiones de la Policía también sobre el tema de la seguridad.
4. Desarrollar un plan activo que diseñe, gestione, recomiende y revise políticas públicas relacionadas al tema de seguridad.
ACCIONES: Constituir una comisión transectorial responsable de revisar esas políticas públicas, presentar recomendaciones de cambio y evaluar su ejecución. Presentación de un proyecto de ley para que se cree un consejo transectorial permanente cuyas recomendaciones serán evaluadas periódicamente. El nombramiento de sus miembros será por un período de tiempo más largo que el cuatrienio electoral para garantizar el desarrollo de política pública y para asegurarse de su cumplimiento, en lo que se viabiliza la inclusión de estos compromisos en todas las plataformas de gobierno.
5. Implantar una política pública salubrista comprensiva que en primera instancia parta del cumplimiento estricto de la Ley de Salud Mental (Ley 408 de 2000) según enmendada.
ACCIONES: Constituir un organismo transectorial vinculante al nivel estatal y al nivel municipal para viabilizar estas políticas, trascendiendo las administraciones de gobierno. Se propone adoptar enfoques bio-psico-sociales para la atención de las adicciones.
6. Profundizar la discusión del tema de seguridad y la violencia en los medios de comunicación y educación, aportando como sector a cambiar la visión de estos asuntos.
ACCIONES: Crear y promover espacios para la discusión, la capacitación, la asesoría que promueva que los medios de comunicación asuman mayor responsabilidad social sobre estos asuntos.
Incorporar los temas de salud en el currículo de escuela elemental, intermedia y superior. Incluir la educación en derechos humanos y educación para la paz. Incorporar el concepto de salud a través de las cinco materias básicas. Que el estudiantado comprenda la relación y responsabilidad con su entorno social, el sistema, el Estado, las relaciones de género y reconocimiento de la diversidad. Se pueden trabajar pautas, foros y programas para la discusión de los problemas de seguridad y capacitar a la ciudadanía.
7. Promover la mediación y las competencias para el diálogo como alternativas no confrontativas (justicia restaurativa) en la búsqueda de la justicia.
ACCIONES: Promover más mecanismos de mediación, arbitraje, la negociación, el diálogo y la deliberación pública de los conflictos. Promover la discusión del concepto de mediación en la academia, particularmente en las escuelas de derecho. Crear programas alternos a la cárcel para manejar las problemáticas sociales que, como tendencia, son criminalizadas.
Para seguir dialogando
Se ha hablado de la vinculación entre la desigualdad social y la violencia y de la criminalidad. Sin embargo, como tendencia, el sistema (económico, global y local) se recupera sin creación de empleos. Esto plantea un problema de grandes proporciones para los Estados contemporáneos sobre todo porque es responsabilidad del Estado proveer una vida digna y buena para todos/as. La urgencia de que el Estado asuma esa tarea ineludible es cada vez mayor sobre todo cuando reconocemos que hoy, más que nunca, el crecimiento económico no supone un mayor bienestar para todos.
Un país seguro es un país que vive bajo el Estado de derecho. Sin embargo, no hay Estado de derecho porque haya muchas leyes. Hay Estado de derecho cuando el gobierno es capaz de supeditarse a sus propias leyes. De ahí que ampliar nuestros entendidos de lo que es la violencia para incluir la violencia estructural e institucional es crucial.
Glosario
Paradigma
Es el conjunto de creencias, entendidos y métodos con los que una comunidad aborda un tema en particular. Estas creencias, entendidos y métodos van cambiando con el tiempo y las situaciones históricas, dando paso a nuevas creencias.
Salubrista
Es un abordaje en el que se enfatiza que el fenómeno del consumo de drogas debe entenderse y manejarse como un problema de salud pública, no como parte del problema criminal. Por ejemplo, su busca tratar a los adictos y adictas como personas enfermas que necesitan tratamiento.
Bio-psico-social
Es un acercamiento que integra los componentes biológicos, psicológicos y sociales que pueda tener un problema.
Transectorial
Es un acercamiento que contempla la reflexión y la acción conjunta y ponderada de un conjunto de sectores. En este caso: gobierno, empresa privada, ciudadanos, grupos comunitarios, academia y otros profesionales estudiosos del tema de la violencia, la criminalidad y la seguridad. Asume que los problemas son complejos y no tienen una sola respuesta o solución.
Consejo vecinal
Entidad compuesta por un grupo de personas residentes en una misma comunidad que, en este caso, se activan para colaborar con la intención de prevenir de manera crítica en situaciones de violencia y de criminalidad en sus comunidades desde sus necesidades particulares.
Mediación
Este concepto se utiliza para referirse a la búsqueda de alternativas no adversativas y más conciliatorias a la hora de tratar de resolver los conflictos que se presentan en una corte. El énfasis está puesto en tratar de restaurar el daño cometido y no en el castigo por el castigo mismo.
Fuentes: Dra. María de Lourdes Lara y Dra. Madeline Román
Publicado el 1 de septiembre de 2010.