Diversa la tripulación de la democracia
Un grupo de personas naufraga en alta mar y siente que arriesga su vida si no echa del bote a algunos tripulantes. ¿Debe expulsarlos antes de que sea demasiado tarde? ¿Cómo determina quiénes serán los desafortunados? ¿Acaso por la preferencia de la mayoría?
Esta imagen permite examinar algunos argumentos suscitados en la deliberación pública sobre las hoy leyes que buscan reconocerle derechos a la comunidad gay y que estuvieron a punto de ser colgadas la semana pasada. Si bien un sector amplio de la población se adecúa a un imaginario social, cultural y político en particular, ¿significa eso que han de conformar una mayoría que obligue al resto de la sociedad a adscribirse a sus propios estilos de vida sin considerar el sentir de aquellos que asumen un modo de vida diverso?
Para Efrén Rivera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Puerto Rico, “esa es una visión equivocada de lo que significa la democracia”. Según Rivera, el sistema de gobierno de Puerto Rico, como toda democracia constitucional, obedece a la noción de que existen unos derechos fundamentales que ni siquiera la voluntad de la mayoría puede trastocar.
Por eso el letrado sostiene que la oposición apasionada que recibieron las propuestas a favor de los derechos de grupos discriminados refleja lo arraigados que están en el país ciertos prejuicios contra sectores a quienes se les quiere negar su plena condición de ciudadanos.
Con ese argumento coincide Olga Orraca, activista de derechos humanos, quien aclara que la comunidad LGBTT, a diferencia de lo que muchos piensan, no solicita que se le concedan derechos especiales. “Nosotros solamente exigimos el reconocimiento de los derechos que nos corresponden como ciudadanos de este país y como ciudadanos del mundo”, explica Orraca.
Una lucha transectorial
Asimismo, Orraca señala que el movimiento por los derechos de la comunidad LGBTT forma parte de un movimiento más amplio que promueve el respeto a la diversidad y la equidad en distintos ámbitos de la vida social. “En la medida en que un movimiento social que trabaja con un tema en particular adelanta sus trabajos, todos nos beneficiamos”, asegura quien también coordina la Coalición Orgullo Arcoiris.
Desde ese mismo entendido es que Romelinda Grullón, presidenta del Centro para la Mujer Dominicana, se identifica con los reclamos de la comunidad gay, al punto de que participó de las manifestaciones y el cabildeo que finalmente lograron la aprobación en la Cámara del proyecto del Senado 238 y el proyecto de la Cámara 488, ambos firmados ayer por el gobernador Alejandro García Padilla.
Como representante de la comunidad inmigrante, Grullón entiende que el movimiento a favor de la comunidad gay “es un ejemplo a seguir, especialmente para que a nosotros, también, como inmigrantes que hemos sido discriminados y discriminadas, al igual que la comunidad LGBTT, nos reconozcan nuestros derechos y no se siga discriminando como se está haciendo hasta el momento”.
A fortalecer la educación ciudadana
Aunque consideran que las leyes recién firmadas son un paso significativo en la dirección correcta, tanto Rivera como Orraca y Grullón sostienen que, para fomentar una sociedad más democrática e inclusiva, no basta con cambiar sus estructuras jurídicas. Además de las transformaciones legales, aseguran, deben procurarse unas transformaciones educativas tanto a nivel formal como informal.
Esa frase contenida en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico que afirma que “la dignidad del ser humano es inviolable”, debe ser, según Rivera, una idea de la que todo el mundo esté convencido y, además, “un principio verdaderamente regulador de las relaciones sociales”.
Con eso claro en la conciencia, por más presión pública a bordo, a nadie se le ocurriría echar a otro ser humano del bote de la sociedad democrática.
Por: José B. Márquez
Publicado en El Nuevo Día el 30 de mayo de 2012