EL MAESTRO: CENTRO DEL PLAN DECENAL
La inserción del Gobierno en la tarea de articular un plan decenal de educación tiene que partir, entre otros asuntos también vitales, de la urgencia de la elevación sustancial de las condiciones salariales, de trabajo y de calidad de vida de los maestros, que constituyen el recurso clave de este proyecto de transformación integral de Puerto Rico.
Los maestros son el eje alrededor del cual gira el conocimiento de la sociedad mundial, según lo reconoce una ley de 2008 que fijó en apenas $1,750 mensuales el sueldo básico de los maestros de escuela pública en Puerto Rico, un salario que no compensa las exigencias de preparación, conocimiento y dedicación que enfrenta a diario la clase magisterial.
Cualquier transformación educativa que se emprenda, por tanto, tiene que comenzar por establecer una justa compensación al esfuerzo de ese ejército de alrededor de 40,000 maestros que, como dice la Ley 109 de 2008, son “la clave para asegurar que las niñas, niños y jóvenes desarrollen sus capacidades y talentos al máximo, a fin de que se conviertan en ciudadanos productivos e independientes, aprendices de por vida y respetuosos de la ley y del ambiente”.
El maestro, sostiene el estatuto, “junto al núcleo familiar, es el forjador del ciudadano que como adulto contribuirá al bienestar colectivo de nuestra sociedad”.
Si creemos eso, si nuestros legisladores fueron capaces de redactar y aprobar legislación que reconoce tal sitial a la clase magisterial, si el gobernador de entonces la firmó y convirtió en ley, ¿por qué entonces somos incapaces de entender que el salario que se asigna no se corresponde con su derecho a una justa compensación?
La misma ley consigna que otros empleados públicos, que “también ejercen labores de vital importancia para el pueblo”, ganan más, como son los policías, con $2,000 al mes y el personal de enfermería, con $2,500.
En una columna esta semana en El Nuevo Día, el profesor Rafael L. Irizarry, catedrático de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, planteaba que una reforma educativa exitosa requiere, como primer asunto, que se compense adecuadamente al maestro, como ocurre en Singapur, Canadá, Finlandia, Japón y Shanghai, que poseen los sistemas escolares más efectivos del mundo. “En el maestro, pues, recae el mayor papel para una reforma efectiva, para lo cual se requiere una formación profesional rigurosa, el mayor apoyo a su autonomía en la docencia, condiciones apropiadas para su labor docente y el más alto nivel de retribución salarial y de prestigio profesional”, escribió el profesor Irizarry.
El maestro es la fuerza motriz de la formación de un país y no puede hablarse de reforma educativa, ni del tan necesario plan decenal de educación, sin contar en primera línea con la clase magisterial. Esto tienen que entenderlo el secretario de Educación, todos los legisladores y, primordialmente, el propio gobernador Alejandro García Padilla, que obvió mencionar siquiera a los maestros en su primer mensaje de Estado ante la Legislatura la semana pasada, en el que anunció aumentos salariales para otros empleados públicos.
Ese entendimiento que se requiere de parte de quienes hacen política pública sobre educación no puede quedarse en el mero reconocimiento de la importancia de los maestros, sino que tiene que traducirse en justicia y, en consecuencia, en compensación acorde con la responsabilidad que recae sobre sus hombros.
Porque cada maestro forja diariamente una pequeña victoria contra el error, la ignorancia, la desigualdad, la discriminación y la injusticia. También, día a día, forma a los niños y jóvenes que construirán una sociedad más justa, segura, estable. Un país social, económica y culturalmente viable.
Por: Editorial El Nuevo Día
Publicado en: El Nuevo Día el 2 de mayo de 2013