Elaborar un plan nacional de Derechos Humanos
Pedro Santiago
(Propuesta presentada a través de la Página Intactiva)
Problema:
La falta de un Plan Nacional sobre derechos humanos, deja a merced de la improvisación y las ideologías del gobierno de turno aspectos fundamentales en el desarrollo de los pueblos. Si no existen parámetros para evaluar y supervisar asuntos tan medulares como el acceso a la educación, a la salud, a la participación y a la misma justica, entre otros, cualquier acción que hagamos en este respecto será temporal y según los intereses particulares.
El origen de los Planes Nacionales sobre Derechos Humanos (PNDH) se remonta a 1993. En ese año, durante la conferencia de prensa mundial de Derechos Humanos de Viena, los Estados miembros de la ONU adoptaron el compromiso de “(…) elaborar un plan de acción nacional en el que se determina los medios necesarios para que el Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos.”
Este plan nacional debe ser parte de cada instancia del gobierno y debe comenzar con un diagnóstico sobre la situación de violación y respeto a los derechos humanos en el país. Debe ser aprobado por ley para asegurar una discusión informada y debe también recoger indicadores concretos de medición tanto en derechos civiles y políticos como en derechos económicos, sociales y culturales. Es importante que estos PNDH se elaboren con participación y apoyo de todos las instancias del Estado e instancias nacionales que incluyan la sociedad civil. Este Plan, comprende un conjunto de compromisos de acción estatal tendientes al fortalecimiento del sistema de protección y promoción de los Derechos Humanos en los distintos ámbitos gubernamentales. Asimismo, constituye un marco de acción que contemple propuestas y recomendaciones basadas en los principios asumidos en materia de profundización de la democracia, el desarrollo y el respeto de los Derechos Humanos. Además, promueve un espacio de diálogo que favorece a la sistematización, profundización y consolidación de los Derechos Humanos a partir de la revisión de las necesidades nacionales en la materia y la perspectiva de diversos actores de la sociedad civil y áreas del Estado. Finalmente, el PNDH incorpora tres ejes prioritarios: igualdad y no discriminación, garantías de acceso a los derechos e inclusión social. Estos ejes constituyen principios sin los cuales ninguno de los derechos pueden ser debidamente garantizados. En este sentido entendemos que son transversales a todos los derechos humanos, toda vez que su observancia es fundamental para el ejercicio efectivo de los mismos.
1. Igualdad y no discriminación – La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y los Pactos de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos y Culturales, así como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales, hacen del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación un derecho universal. Por esta razón, el principio de igualdad y no discriminación de las personas está presente en todo el Plan de Derechos Humanos, informando las medidas que el gobierno se compromete a adoptar en cada ámbito. En su realización, el principio se muestra como igualdad de oportunidades, como justicia social, como igualdad de derechos, como igualdad “en la diversidad”, y como lucha contra la discriminación.
2. Garantía de acceso – Es cierto que en un país los derechos humanos valen lo que valen sus garantías. El Gobierno debe concebir el Plan de Derechos Humanos como un mecanismo más para su garantía, pues a lo largo del texto se establece una lista de compromisos concretos destinados precisamente a fomentar, realizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos. Unos compromisos cuya ejecución efectiva puede ser seguida y evaluada. Las obligaciones internacionales, la elaboración de determinadas leyes, la creación de organismos específicos para su defensa, las decisiones dirigidas a mejorar la calidad de la justicia, los mecanismos de control a los poderes públicos en su relación con los ciudadanos, los medidas en relación con laigualdad, con los derechos sociales, con el medio ambiente, la transparencia en la gestión pública, todos habrán de ser instrumentos con que perfeccionar la garantía de los derechos humanos. Cada medida de este Plan es una garantía en sí misma. Lo es porque compromete al Gobierno a realizar acciones en beneficio de un derecho determinado, y lo es porque lleva aparejada la información necesaria para que su ejecución pueda ser fiscalizada por las instituciones y organizaciones de la sociedad civil interesadas.
3. Inclusión Social – La inclusión, en términos generales, se refiere a la garantía de que todas las personas, sin distinción alguna, tengan las oportunidades y los recursos para tener una buena calidad de vida. El Estado es uno de los encargados de generar las condiciones para que todos los ciudadanos y ciudadanas, sin importar su estado, tengan las mismas oportunidades de ejercer sus derechos a salud, trabajo, b educación, participación política, accesibilidad y transporte, comunicación e información, cultura y arte, entre otros. Las personas en condición de discapacidad han sido excluidas por mucho tiempo. En su gran mayoría no han tenido las mismas posibilidades de conseguir un trabajo o de ir cómodamente a sitios públicos, a causa de los prejuicios, de paradigmas errados y de las barreras físicas y arquitectónicas.
**La información provista aquí fue obtenida de los Planes Nacionales de Argentina, Ecuador, España y Perú.
Propuesta:
Elaborar mediante procesos participativos un Plan Nacional sobre Derechos Humanos. Este Plan deberá contar con el apoyo de todos los sectores nacionales, incluyendo al Estado y a la Sociedad Civil.
¿De qué forma te implicarías en esta propuesta?
Nuestra organización está dispuesta a liderar el proceso de consulta y diagnóstico para establecer las bases del diálogo intersectorial. También nos comprometemos a ser parte activa del proceso de diálogo y a impulsar el mismo una vez completado, para que tenga fuerza de ley. Es importante contar en la fase pre-inicial con el apoyo general para asignar los recursos humanos y económicos necesarios para hacer realidad este proyecto.