Foro con la salud de agenda
Integrantes de la Alianza de Salud para el Pueblo desglosaron su propuesta para establecer un sistema de salud universal con pagador único en Puerto Rico, plasmada en el Proyecto de la Cámara 1185, y definieron términos como “universalidad”, “participación ciudadana” y “gobernanza participativa”.
El foro sobre “Derecho a la salud: participación ciudadana y gobernanza democrática en nuestro sistema de salud” fue auspiciado anoche por la Alianza, Cumbre Social, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Fundación por un mejor país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y el Colegio de Abogados.
En su radiografía de la situación actual, la doctora Sarah Huertas, catedrática de siquiatría en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, describió el sistema de salud local como individualista, sin equidad, donde la salud es un bien y se habla de consumidores en vez de pacientes.
“Puerto Rico tenía un sistema que tendía a abrir las puertas y facilitar que buena parte de la población tuviera acceso a servicios de salud de calidad, pero eso cambió”, dijo Huertas en el foro efectuado en la sede del Colegio de Abogados en Miramar, Santurce.
La profesora planteó que el acceso y la calidad de los servicios varía de acuerdo a la capacidad económica de los boricuas, y que a pesar de los gastos exorbitantes en este sector, “estamos entre los primeros lugares en obesidad, HIV, diabetes, mortalidad infantil y adicciones”.
Excepciones
“Estados Unidos y Puerto Rico son los únicos países industrializados que le entregaron su cubierta básica de salud a entidades con fines de lucro. Eso es para que vean que estamos fuera y alejados del resto del mundo industrializado en términos del sistema de salud y cómo se maneja”, agregó la académica.
La abogada Nylca Muñoz precisó que la comisión multisectorial que proponen tendría representantes de los colegios profesionales, grupos comunitarios, uniones, proveedores de servicios, pacientes, patronos, seguros y hospitales, y diseñaría un sistema de salud con el Gobierno como pagador único y que cubriría a todas las personas.
“Esta representación trae rendición de cuentas, permite la distribución del poder y de los recursos”, planteó Muñoz.
La doctora Marinilda Rivera, profesora de trabajo social en la Universidad de Puerto Rico (UPR), habló de la participación ciudadana como derecho humano reconocido como tal en el Artículo 21 de la Declaración de derechos humanos de 1948, y urgió a la gente a procurar insertarse en el proceso de toma de decisiones.
“La ciudadanía que aspiro es la ciudadanía emancipadora, donde la igualdad social es un valor central y entendida como un derecho de las personas a iguales oportunidades”, expresó Rivera.
Por Michelle Estrada Torres
Publicado en El Nuevo Día el 5 de junio de 2013