La criminalidad de la política

Históricamente la violencia en Puerto Rico ha tenido como base la exclusión política y económica. Pero esta violencia pasó de política a una económica. Es decir, de una violencia justificada con un discurso político que denunciaba las Estructuras Socioeconómicas y Políticas (ESyP) dado a la exclusión de sus protagonistas, a sustituirse por una despolitizada donde el discurso criminalista de los representantes de esta ESyP acusa a los excluidos violentos de romper su “orden” social.

Por ejemplo, en 1929 el 68% de la tierra cultivable era controlado por cuatro (4) empresas estadounidenses que acumulaban el 40% de la riqueza agrícola del País. Asimismo, el 80% de la industria del tabaco, el 60% de las utilidades y los bancos y el 100% del negocio naviero era controlado por empresas estadounidenses.

El poder político era monopolizado por un gobernador elegido por el presidente de Estados Unidos y consentido por una legislatura controlada por alianzas políticas que respondía a los intereses azucareros.

Bajo esas condiciones de extrema exclusión, emergió la violencia política durante la década de 1930. De ahí la muerte del primer nacionalista en la escalinatas del Capitolio en 1932, las huelgas cañeras del 1934, la masacre de Río Piedras del 1935, la muerte del jefe de la policía Riggs del 1936, la Masacre de Ponce del 1937 y el atentado contra el gobernador Winship del 1938. Esta violencia fueron actos políticos ya sea para mantener, o cambiar, las ESyP que provocaban las condiciones paupérrimas del puertorriqueño.

Dicha violencia iba a persistir hasta la década de 1980, pero sería desplazada paulatinamente por una “despolitizada” donde otros serían sus protagonistas (aunque el Estado siempre participaría).

La “nueva” violencia de los excluidos estaría íntimamente ligada a las ESyP que posibilitaron las Operaciones Manos a la Obra y Estado Libre Asociado. Para 1950, la Tasa de Criminalidad Promedio (TCP) fluctuaba en 6.4 crímenes por cada 100,000 ciudadanos. Pero en los 1960 se disparó a 21.0. ¿Por qué aumentó la criminalidad cuando el crecimiento económico promedio de dicha década fue de más de un 6%?

Primero, porque la expansión económica aumentó las expectativas de ingreso y consumo pero no las oportunidades económicas de la mayoría de la población.

En 1950, unas 601,000 personas estaban empleadas pero para 1960 había solo unos 558,000. Los que pudieron emplearse aumentaron considerablemente sus ingresos, pero los que no tuvieron que emigrar o incorporarse a la economía informal.

Segundo, porque el control de los medios de producción pasó del capital boricua al estadounidense. Para el 1954 un 62% del empleo en la manufactura era ofrecido por empresas boricuas y un 38% por estadounidenses. Pero, para 1963 esta relación se invirtió para favorecer al capital norteño. El modelo de desarrollo no impulsó nuevas oportunidades económicas, sino que sustituyó las que había. No es extraño que las tasas de participación laboral y de empleo en Puerto Rico sean, desde la década de 1960, de las más bajas en el mundo. Así, cuando entró este modelo en “crisis” en 1970, la TCP se disparó a 26.2 crímenes y en los 1980 a un dramático 31.2.

Pero esta violencia, producto de la exclusión económica, estaba despolitizada pues no atentaba contra la ESyP.

Empero, la TCP disminuyó en las décadas de 1990 a 29.6 crímenes y aún más para el 2000 con 18.5. Sí, tenemos menos criminalidad en una década donde el crecimiento económico promedio fue negativo. ¿Pero por qué ahora hay tanto sentido de inseguridad en el País y antes no? Porque esta violencia (despolitizada) es útil para la actual ESyP pues vende ratings mediáticos, políticos “salvadores” y nuevos negocios de “seguridad”. La violencia ahora es un negocio político y económico muy lucrativo, no una amenaza.

Por ello los representantes de la ESyP inducen a renunciar a nuestros derechos para fortalecer su “orden” social y a reducir la representación política del País para consolidar su “monopolio” político.

Así se profundiza la exclusión política y, con ello, profundizan la violencia institucionalizada.

14 de septiembre de 2012
Enrique Toledo