Continuidad para la educación
¿Cómo se insertará el gobierno en el propuesto Plan Decenal de Educación?
Ese fue el planteamiento que predominó por voz de diversos legisladores este martes, durante el inicio de las vistas públicas de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley que establecería el mecanismo para desarrollar el plan de iniciativa ciudadana que busca transformar el sistema de instrucción público.
El proceso de audiencias, que se extenderá por varias semanas, comenzó con la participación de las organizaciones Agenda Ciudadana y ASPIRA de Puerto Rico, cuyas representantes defendieron por más de siete horas la propuesta para obligar al gobierno a adoptar como política pública el establecimiento de planes decenales continuos y recurrentes en materia académica.
“El proceso que se propone no busca debilitar la función y deberes del Secretario de Educación, a quien en nuestra Constitución se le asigna la responsabilidad de la ejecución de la política pública educativa”, advirtió Adalexis Ríos, directora ejecutiva de ASPIRA, ante los integrantes de las comisiones de Educación, para el Fomento de las Artes y la Cultura, y la de Hacienda y Presupuesto.
Ríos insistió en que el plan decenal permitiría al funcionario de Educación formular un plan educativo continuo, e implementarlo al margen de la política partidista.
La medida presentada por el presidente cameral, Jaime Perelló, a petición de varias organizaciones, crearía la Comisión Transectorial del Plan Decenal de Educación, que estaría a cargo de planificar y dirigir los procesos de consulta ciudadana que redundarían en la redacción del borrador del plan, y convocaría la Asamblea General en la que se ratificaría el documento.
Según la pieza legislativa, la comisión, que operaría con 33 integrantes de distintos sectores -incluido el gobierno- también entregaría al gobernante la versión final del plan decenal aprobado en asamblea para que el madatario “emita la proclama de adopción, en la cual se pautará su fecha de vigencia y promulgará su fuerza vinculante para el Departamento de Educación, el Consejo de Educación de Puerto Rico y las demás agencias vinculadas” a la función pedagógica.
Los poderes que el proyecto confiere a la comisión transectorial despertaron dudas en algunos representantes, como el popular Luis Vega Ramos, quien advirtió que habría que revisar el lenguaje de la medida para asegurarse que sus disposiciones no contravienen el marco constitucional del país.
Vega Ramos resaltó que, según redactado, el proyecto no otorga al gobernante ninguna discreción para rechazar o enmendar el plan decenal, y establece, entre otras cosas, que la comisión transectorial tendrá la facultad de “aprobar” lo planes operacionales que adopten las “agencias vinculadas”, como los departamentos de Salud y de la Familia, para implementar el proyecto educativo a 10 años.
“¿Hay un poder de veto de este organismo extragubernamental que se crea? ¿Este organismo puede detener la acción de un funcionario?”, preguntó el legislador popular a María de Lourdes Lara, directora ejecutiva de la Fundación Agenda Ciudadana.
“Lo que está proponiendo en términos de roles y deberes tiene que ver con cómo se puede garantizar que, una vez se lleguen a acuerdos a través del país, se garantice que esos acuerdos se puedan implantar”, dijo la psicóloga social comunitaria al rechazar la apreciación de Vega Ramos.
“Quizás, la palabara ‘aprobar’ tiene una carga constitucional exagerada… Lo que no puede hacer esta ley es sustituir el critero del gobierno con el de este organismo que se está creando”, ripostó el representante.
A juicio de Vega Ramos, el texto actual de la pieza legislativa podría ser impugnado en los tribunales con argumentos de inconstitucionalidad, y ante esa situación, recomendó incluirle enmiendas para reforzar el aspecto de asesoría y consejería de la comisión que se crearía, así como darle mayor “fuerza moral” para que sus determinaciones tengan algún efecto vinculante.
“Creo que tú puedes amarrar al país y al estado a tratar de cumplir un plan decenal. Claro, ese plan decenal tiene que tener un grado de flexibilidad, tiene que existir dentro de la realidad constitucional del país”, dijo Vega Ramos a este medio.
Del mismo modo, el representante novoprogresista José Aponte hizo varias observaciones relacionadas con el enfoque de la medida. Considera que el problema con el sistema de educación no radica en las leyes que lo gobiernan, sino en el cumplimiento con esos estatutos.
“El problema es uno de cumplimiento… Podemos empezar a redactar y aprobar el proyecto de un plan decenal, pero si no hay cumplimiento apropiado, simplemente, perdimos el tiempo”, subrayó el también expresidente cameral.
Para su correligionaria Lourdes Ramos, el mayor problema del proyecto de ley bajo evaluación es la asiglación de $360,000 anuales de dinero público para el funcionamiento de la comisión transectorial, y otros $2,2 millones que se inyectarían al fondo de viabilización del plan decenal para costear los procesos de capacitación, la facilitación de las consultas ciudadanas y la deliberación pública que nutrirán el plan que se adoptaría posteriormente.
A inicio de la audiencia pública se informó que ocho de los proponentes de la medida solicitaron retirar su firma del proyecto. Este grupo incluye a la Asociación de Maestros, la Fundación Ángel Ramos, SAPIENTIS, la Fundación Banco Popular, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Fundación Flamboyán y Nuestra Escuela.
Perelló explicó que algunas entidades que reciben capital federal adoptaron esa determinación por las limitaciones que le impone la reglamentación del gobierno de los Estados Unidos, al prohibirle que se expresen sobre propuestas legislativas, mientras que otras organizaciones tienen algunos reparos con el proyecto, y presentarán de manera separada sus enmiendas.
Las vistas públicas continuarán este miércoles, a las 9:00 a.m., en el salón Leopoldo Figueroa en El Capitolio.
Por: Rebecca Banuchi
Publicado en El Nuevo Día el 27 de agosto de 2013