REFORMA EDUCATIVA EN UN PLAN DECENAL
Para abrirse paso hacia un proyecto de desarrollo propio en el que la enseñanza pública de calidad se afinque como derecho inviolable, el País tiene que exigir al sector político una profunda reforma educativa que implante la ética, libere el presupuesto de la contaminación continua del partidismo y declare la docencia crítica como su central preocupación.
Descrita en la Agenda Ciudadana 2012, la propuesta reforma debe impactar, propiciando su democratización, los niveles elemental, intermedio y secundario de la escuela pública, así como el ámbito de la Universidad estatal.
Creemos, en consecuencia, que en esta coyuntura electoral merecen el endoso de los puertorriqueños las propuestas de gobierno que contemplen una reforma que reestructure completamente el Departamento de Educación, y que cree una junta educativa multisectorial entre cuyas responsabilidades esté el reenfoque curricular y el nombramiento de un secretario por un término de seis años o más, para que no esté sujeto a las interrupciones y caprichos que vienen de la mano de los cambios de administración.
El Movimiento Unión Soberanista (MUS) acoge en su totalidad esta visión, por lo que su propuesta educativa merece el apoyo del electorado. Una muestra de ello es la convocatoria de una Cumbre Educativa Nacional que desarrolle el Plan Estratégico Decenal junto con una reingeniería de todo el aparato educativo público. Su programa afirma que acoge además todas “las propuestas contenidas en la Agenda Ciudadana 2012 sobre el tema de educación”.
Aunque no abordan el tema del nombramiento a seis años o más del secretario de Educación, también merecen positiva consideración del electorado las propuestas del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), de Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) y del Partido Popular Democrático (PPD).
En su programa el PPT impulsa una “reforma educativa” que desmantele la burocracia y democratice el proceso de la educación mediante la participación organizada de maestros, estudiantes, padres, madres y personal docente y no docente. Y proyecta la creación de una Comisión de Reforma Educativa que coordine la participación multisectorial, que evalúe y dirija la consecución de las metas curriculares y administrativas.
Mientras, el PIP describe su propuesta de reforma como “una verdadera revolución en el sistema” que reestructure sus operaciones; y que, a partir de las recomendaciones de “una comisión de expertos educadores”, formule una nueva filosofía educativa y administrativa del Departamento acorde con los objetivos que debe trazarse el País en la economía del conocimiento.
El programa educativo del PPR, contempla acciones que van desde el “refuerzo del concepto de Escuelas de la Comunidad e independencia educativa” hasta revisión curricular, educación para la paz y contra el discrimen, así como consejos escolares participativos que coadyuven a la despolitización del sistema.
El PPD, por su parte, plantea una alianza por la educación que produzca un plan estratégico decenal sustentado en la aportación de los padres, los maestros, los gremios magisteriales, el sector privado, el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico. Un plan que debe recoger acciones a corto, mediano y largo plazos para el rescate de la educación.
Pese a que declara la “década de la educación”, la propuesta del PNP no merece el endoso, puesto que no alcanza el perfil de un plan decenal, ni incluye mecanismos que verdaderamente despartidicen el sistema ni rescata el nombramiento del secretario de Educación de la imposición unilateral del Ejecutivo.
La educación es la clave de nuestro desarrollo socioeconómico, del destierro del discrimen y de la construcción de una cultura de paz. En materia educativa, el voto del País tiene que ser intérprete de esos cruciales objetivos. Y de nada más.
Publicado en: Editorial de El Nuevo Día