Salud no es sólo acceso
“Derecho no ejercido, no es derecho”
(Eugenio María de Hostos)
El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible.
Según la Organización Mundial de la Salud, estar saludable no es meramente garantizar el acceso a los servicios de salud física y mental, sino asegurar un ambiente limpio, tener vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Los efectos de las decisiones gubernamentales en cualquiera de esos renglones perduran por décadas y afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos.
El mejor ejemplo fue la política de privatización de los servicios de salud iniciada por el doctor Pedro Rosselló (continuada por los gobernadores subsiguientes) con la venta de los hospitales, los CDT, los cierres de los Centros de Salud Mental de la Comunidad, que tanto esfuerzo y dinero le costaron al pueblo de Puerto Rico. Se creó una gran fragmentación, que hoy perdura, entre los servicios públicos y privados, alterando el continuum de los servicios que el sistema prestaba, dejando los más costosos al Gobierno y acaparando los de tratamiento ambulatorio en los que las aseguradoras generan mayores ganancias. El resultado ha sido el abandono de dichos servicios en detrimento de las personas a quienes se quiere ayudar. Las transiciones de un nivel de cuidado a otro han quedado prácticamente difusas con lo que se afecta la calidad de los servicios de salud.
Los gobiernos son responsables de desarrollar política pública para que la salud del pueblo sea lo mejor posible. Un pueblo enfermo no puede progresar, ni desarrollarse, ni tener calidad vida. Mi madre decía que “lo más importante es tener salud, lo demás se obtiene con trabajo”. La valoración de la salud solamente se experimenta en realidad cuando tenemos un familiar, un hijo o hermano o un ser querido con una enfermedad seria.
En esos momentos, no sólo se necesita tener acceso a planes de salud, sino la disponibilidad de un sistema de salud que funcione con servicios de calidad. Es en esas instancias como podemos saber si verdaderamente tenemos un sistema de salud eficiente. Cada vez que veo un padre o una madre en medio de una intersección pública pidiendo dinero porque su hijo necesita un servicio de salud costoso, se me parte el alma. ¿A qué hemos llegado como sociedad? ¿Cuántas familias encaran problemas financieros al enfrentarse a una enfermedad final o catastrófica?
Pagamos impuestos, muchos piden préstamos para cumplir con la responsabilidad como ciudadanos y otros hacen fiesta con los fondos públicos. De la misma manera en que se pagan impuestos, el pueblo debe decidir cómo y en qué gastar el dinero que paga.
La calidad de los servicios de salud va más allá de hacer un anuncio de mercadeo, sino que consiste en tener disponible un sistema de salud funcional en el momento en que se necesite. El impacto de recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica o terminal es más que suficiente para la persona que lo recibe y para sus familiares, para que en medio del desosiego y la incertidumbre, se tenga que discutir con una aseguradora por un servicio de salud, cuando, por lo general, su política es denegar servicios.
Es tiempo de acabar con la impunidad de los que catalogo como “mercaderes de la salud”. El Gobierno debe tener como norte el interés público, el colectivo, no los intereses de grupos privados.
El trabajo multisectorial también es muy importante. Los problemas de salud se generan no solamente por aspectos genéticos, sino por la contaminación medioambiental creada por prácticas industriales y el uso único de los automóviles, la falta de calidad en los cuerpos de agua, el manejo inadecuado de desperdicios, la falta de viviendas asequibles, la importación de alimentos cultivados con insecticidas y pesticidas son asuntos serios que inciden en la salud.
Es responsabilidad del Gobierno desarrollar un plan nacional de salud física y mental público con estrategias que tomen en cuenta las preocupaciones de la ciudadanía en lo que se refiere a la salud. De ese proceso participativo deben generarse medidas específicas, deliberadas y concretas que permitan atender los problemas serios de salud que afectan a la población.
Se deben desarrollar indicadores e incentivos para que los profesionales de la salud verdaderamente hagan un esfuerzo mayor para que sus pacientes adopten estilos de vida saludables. La política a seguir debe ofrecer compensaciones adicionales a los médicos que logran que sus pacientes no fumen, que reduzcan su peso y que hagan ejercicio, en vez de denegar servicios.
El Estado no puede seguir renuente a su responsabilidad y el pueblo tiene que hacer valer su derecho a la salud.
Por: Alma Nelly Negrón – Funcionaria de ASSMCA
Publicado en El Nuevo Día el 11 de octubre de 2013