Un Cambio Hacia la Participación
(Editorial Nuevo Día)
La ausencia de transparencia en el quehacer público y los objetables privilegios que desde este se asoman al paso de los años, demandan del gobierno y los partidos una firme voluntad para colocar al ciudadano -el cargo más importante en una democracia- en la cima del sistema político en que vivimos.
Para superar un modelo representativo arrastrado a la ineficacia, la estructura de gobierno, incluyendo la legislatura, tiene que ser saneada mediante un proceso reformador que, como propone Agenda Ciudadana, sustituya esta anquilosada democracia representativa por una democracia de participación.
Sólo así podrá el País superar el actual modelo político que, aferrado a la arrogancia y el oscurantismo mandón del partidismo, devalúa al proceso gubernamental a fuerza de exclusiones, abuso de poder
En esa visión y decisión de cambio, que son de iniciativa ciudadana, tienen que confluir todos aquellos que ostentan poder público en el País -en el Ejecutivo y en el Legislativo-, pero también quienes andan en búsqueda de respaldo electoral para comenzar a ostentarlo. Y, en su competencia con miras a las urnas del próximo 6 de noviembre, debe ser imperativo político y moral de todos comprometerse en sus programas con estas ambiciosas y transformadoras propuestas.
Esa fue la constante de las 4,000 preocupaciones y propuestas expuestas en los 15 Foros Ciudadanos auspiciados por Agenda Ciudadana 2012, que al evaluar el estado actual del País destacó la inaceptable brecha existente entre el liderato político y el pueblo. Abonan a ese palpable sentir la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública; el derroche de fondos públicos en proyectos – inclusive de asesoría- inútiles o, cuando menos, sin viso alguno de prioridad; la censurable pérdida de tiempo y recursos en largas discusiones estériles en los hemiciclos del Capitolio y la aprobación de legislación insustancial contraria a las apremiantes necesidades del País.
En el camino hacia la erradicación de esos males debe tomar posición cimera el respeto entre sí de las tres ramas del poder público; la creación de mecanismos de participación ciudadana, incluyendo su representación en las juntas de entidades gubernamentales para permitir una evaluación crítica de los ciudadanos en la evaluación e implantación de iniciativas de gobierno que, por lo demás, tienen que estar inspiradas y dirigidas hacia el bien colectivo; el regreso a la figura del legislador ciudadano; la implantación de la unicameralidad -que sería la reparación del agravio al pueblo que votó a su favor- y adoptar medidas permanentes que permitan la fiscalización en todos los procesos de subastas y contratos como parte de un esfuerzo genuino y creíble para el combate más efectivo del pernicioso germen de la corrupción.
Alentar la participación real de consejos comunitarios municipales a cuyos miembros se provea de toda la información relacionada con programas, decisiones y acciones que incidirán sobre sus vidas debe ser una de las primeras iniciativas a ponerse en acción por todos aquellos líderes políticos y de gobierno para quienes no sea mero eslogan la célebre enunciación del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Un cambio hacia un gobierno realmente respetuoso del límpido significado de la libre participación ciudadana – que es mucho más que unos minutos cada cuatro años haciendo señas bajo insignias de partidos o bajo nombres- dará sentido y carta de validez a la democracia.
Publicado por: El Nuevo Día (20 de mayo de 2012)