UNA AGENDA DE JUSTICIA Y PAZ

La concertación de un pacto de gestión social, económica y política, que propicie un desarrollo al margen de los tentáculos partidistas y la miopía ideológica, constituye una importante propuesta del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, que bien merece un espacio en las discusiones que buscan consensos para el desarrollo integral del País.

Consideramos un gesto saludable para Puerto Rico el que ocho denominaciones protestantes, agrupadas bajo el Concilio, presenten esta agenda de justicia social y de paz desde sus propios fundamentos evangélicos.

Esta “Agenda mínima”, reseñada por El Nuevo Día, solicita públicamente que se verifique un pacto integral y multisectorial que permita la concertación de soluciones estructurales a los problemas del País en un marco de amplitud literalmente “fuera de líneas partidistas o sectarias”. Este punto de partida es fundamental para poder seguir trazando, junto a otros sectores, una agenda que responda al sentir más genuino de la ciudadanía, sobre todo de los sectores más pobres y olvidados, y no a las agendas de la mezquindad política y de la corrupción. Sus planteamientos y exigencias –que buscan compromiso- se basan en el innegociable respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales que debe imperar en toda gestión de gobierno.

En momentos en que el País se ahoga en un antagonismo visceral, resulta particularmente relevante su defensa del pluralismo religioso, a la vez que de la necesaria separación de Iglesia y Estado. Y es que la nueva agenda de país requiere de un gobierno integrador de todas las voces y de grupos religiosos que, desde su extraordinaria libertad de espíritu, velen, de modo insobornable, por el cumplimiento de los derechos del pueblo, sobre todo de los más excluidos, y de la Naturaleza.

En esto el grupo coincide totalmente con los postulados de otro organismo, esta vez de impronta católica: la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Puerto Rico (CORPUR) que no ha dejado de insistir últimamente en ello, lo que está indicando un importante camino a seguir tanto para el robustecimiento de la democracia como para la innegociable identidad profética que caracteriza a las grandes religiones.

Desde este espíritu inclusivo, el Concilio de Iglesias propone una profundización de la democracia a través de mecanismos concretos como los referendos revocatorios y la creación del legislador ciudadano, entre otros. Expresan, al igual que tantos sectores en el País, un rechazo a la democracia meramente representativa y apuestan, con sugerencias concretas, a una democracia participativa que ya está en marcha en la conciencia ciudadana, pero no en los que ostentan el poder político.

Alienta ver a este sector solicitar y promover ellos mismos el desarrollo de una economía de carácter solidario, impulsora de la agricultura y la soberanía alimentaria, así como la gestión empresarial y cooperativa. No cabe duda de que ningún gobierno puede presentarse como alternativa política si no es capaz de pensar en términos que incluyan una economía ajustada a nuestras fortalezas y necesidades.

Los líderes religiosos no esconden su insatisfacción con las políticas actuales frente al problema de las drogas, a las que tildan de “fracaso” y solicitan un abordaje integral al problema desde perspectivas salubristas.

Asimismo el grupo aborda temas espinosos como el de la solución del status de Puerto Rico, al exigir que se siga un proceso de acuerdo a las normas del derecho internacional sobre la libre autodeterminación de los pueblos.

Puerto Rico necesita seguir ampliando el radio de voces como éstas que encaminan a la democracia, con su melodía de participación, hacia su norte esencial de justicia, de paz y de bien.