Urge un serio plan de uso de terreno

La discusión del Plan de Uso de Terreno (PUT) tiene que ser liberado del encierro institucional en que está y ser abierta a las aportaciones de ciudadanos y científicos, para que la participación multisectorial sea desde la etapa de diseño, no cuando el instrumento de planificación sea un “documento final” listo para justificarse en vistas públicas pro forma.

Un plan para guiar el desarrollo ordenado del País, al que en última instancia va a servir, debe elaborarse a la luz del día, y no en cuartos oscuros ni a cargo de “comités” escogidos por los alcaldes de manera poco democrática.

Por eso preocupa la actitud de secretividad que manifiesta la Junta de Planificación en el proceso, sobre todo si tomamos en cuenta que la agencia se propone presentar próximamente a comentarios un documento ya elaborado sin garantías de que las opiniones de la ciudadanía serán atendidas ni, lo que es más importante, incorporadas.

Como planteara un grupo de expertos en una mesa redonda con El Nuevo Día, Planificación tiene prácticamente elaborado el PUT para las próximas décadas, sin haber contado con la participación activa de los ciudadanos en general ni de muchos profesionales conocedores del tema, a pesar de tratarse de un proyecto histórico que va a determinar cuánto terreno destinamos a unos y otros usos y cuáles serán esos usos.

Como señaló el decano de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana, Carlos Padín, el PUT requiere “plantearse dónde quiere estar Puerto Rico de aquí a un tiempo y, si sólo tiene la visión de un grupo, no va a recoger lo que los otros grupos piensan que debe ser Puerto Rico”.

El plan debe ser un modelo de desarrollo económico que incluya el ambiente, lo social, la equidad y la cultura, tras lo cual hay que considerar lo que Padín llama “las zonas de peligro naturales, las zonas de valor histórico, las zonas de valor agrícola y hay que empezar a mirar de nuevo”.

Preocupa también el señalamiento del planificador José “Tato” Rivera Santana de que aparentemente la Junta no ha considerado en el plan condiciones como el calentamiento global, el aumento en el nivel del mar, proyectos de desarrollo económico en otras partes del Caribe y problemas en los abastos de alimentos.

Según Rivera Santana, los “países inteligentes” se preparan para los cambios que se anticipan dedicando una parte de su Producto Nacional Bruto a adaptar el desarrollo proyectado.

Como ejemplo, el planificador Félix Aponte relató que Inglaterra ha invertido miles de millones de dólares en alterar la estructura que controla la relación de las descargas del río Támesis y el avance del nivel del mar, para prepararse para el aumento de ese nivel que se anticipa en los próximos 50 años.

Tampoco parecen haberse tomado en cuenta las recomendaciones de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y el Colegio de Arquitectos sobre los elementos que debe contener el plan.

Resultan pobres las parcas explicaciones del presidente de la Junta de Planificación, Rubén Flores Marzán, de que en cada una de las 11 regiones en las que se dividió la Isla se nombró un comité asesor ciudadano de unas 20 personas, escogidas por los municipios y ratificadas por la Junta, y que además existe una comisión regional de representantes municipales.

Urgimos a Planificación a aceptar los consejos de los expertos y a reenfocar el proceso, de modo que la elaboración de un plan de uso de terrenos que rinda los beneficios que necesita el País se ponga en manos de los verdaderos interesados, que son todos los ciudadanos.